El lunes pasado, un día después del inicio formal de operaciones de la Guardia Nacional, nos amanecimos con la noticia de que un grupo de 500 integrantes de la Policía Federal, inconformes por las condiciones con las que se planteaba su transferencia a esta nueva institución, bloqueaban vías de comunicación en la Ciudad de México.
Pero lo que empezó como un conflicto laboral (aún tengo dudas de que hubiera podido ser evitado, dadas las implicaciones de desaparecer una corporación policiaca ligada a grupos de interés que desde el principio se han confrontado con el actual gobierno) pronto alcanzó matices con un propósito distinto, enturbiando tanto las negociaciones entre los inconformes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como la credibilidad de un movimiento del que todavía muchos se preguntan si es legítimo.
Así, en lugar de que la discusión promovida por una gran cantidad de plumas se orientara a entender la naturaleza de un movimiento que constituía una fracción de una corporación de 36 mil elementos (motivaciones, razones, salidas), a partir del jueves se convirtió en una orquesta de voces que hablaban del conflicto de “la Policía Federal”, en la que de paso apologizaban los logros que a esa honorable institución debían de reconocérsele.
Logros, entre los que se cuentan innumerables violaciones a derechos humanos, colusión con el crimen organizado, corrupción en el manejo de sus recursos —no es casualidad que casi el 60% de la población la perciba como una institución corrupta, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018— y una enorme incapacidad, por tanto, para cubrir las expectativas generadas por la promesa con la que fue creado ese organismo.
Esos datos, que hoy parecen olvidarse, llevaron a la decisión de desaparecer la institución y de incorporar a sus elementos (voluntariamente) a un nuevo cuerpo constituido por la Guardia Nacional, sólo que bajo nuevos criterios y controles. Todo ello, por cierto, quedó plasmado en una ley aprobada por los tres principales partidos políticos.
Lo que hemos leído en los últimos días, con comentarios surrealistas en algunos casos, como el cuestionamiento a que se les apliquen evaluaciones a quienes habrán de portar armas, parecería más orientado a minar el lanzamiento de la nueva institución que a defender los derechos laborales de cualquier trabajador (mismos que han de ser respetados, sin duda), particularmente en aquellos que en otro momento criminalizaron con singular alegría movimientos como el de los maestros y pasaron en blanco las condiciones con las que, en 2009, el gobierno de Felipe Calderón dejó desempleados, y con un proceso de liquidación que todavía en 2018 no terminaba, a más de 44 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Es claro que algo falló en la administración del cambio de este proceso y en ello tendrá que poner atención el gobierno, como de hecho lo ha venido haciendo y está por verse el resultado. Pero lo que también es claro es que se ha hecho del tema un nuevo botín político de quienes, un día y el otro también, parecieran apostar al descalabro de López Obrador y, con ello, del país entero.
Azul Alzaga Magaña. Analista política y social, politóloga del CIDE
y fundadora de la Asociación Civil Observatorio de la Justicia A.C.
Actualmente es colaboradora de Milenio como columnista invitada en temas políticos, en materia de comunicación, seguridad y justicia, así como co-conductora del noticiero dominical de las 22:00
y del segmento de entrevistas La conversación.
Así mismo, colabora como coordinadora de invitados
del programa La maroma estelar, de Canal Once.
Twitter: @azulalzaga
