Es una usual advertencia de nuestros padres y a su vez de las incontables generaciones que los precedieron. Las madres de nuestras madres, el abuelo del abuelo. “No hables mal nunca de los muertos”. No le hace que, en vida, hayan sido despreciables: rateros, machos, golpeadores o usureros. Para los muertos, piden los cristianos, sólo el perdón y muchos buenos recuerdos.
No es prudente, entonces, quizá tampoco ético, dedicar palabras que sean todo menos halagos a los que ya se han ido. Porque la muerte, siempre acechante, siempre tan cercana, nos llegará a todos. Inesperada, la mayor parte de las veces. Puede, en todas sus letras, estar a la vuelta de la esquina: un tráiler cuyo operador, bajo el influjo del alcohol, o del sueño, en una mala maniobra se lleva pavimento, metal y carne. Un infarto tras un partido de futbol. Una embolia. Un tumor sin detectar. Un tropiezo en el baño. Cenizas de cigarro que incineran una casa. La caída de un helicóptero en vísperas de navidad.
No es sencillo hablar de los muertos, sobre todo cuando no pueden defenderse. Y cuando a nosotros nos llegue la hora quizá no haya nadie para defendernos. No es sencillo hablar sobre Rafael Moreno Valle y su muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, porque es fácil caer en el rumor o la calumnia. Peor aún, sacarle raja a una tragedia para atacar y culpar del posible crimen a un presidente que podrá ser todo, podrá estar hinchado de defectos como todo humano, pero nunca en su trayectoria política se ha conducido mediante la amenaza ni la violencia.
Yo no sé quién lo mató o si fue realmente un accidente. No sé si fueron bandas de huachicol o su propio partido, el PAN, el que buscó deshacerse de él. Lo que sí sé es que Moreno Valle era un ejemplo de la pobredumbre del viejo régimen: donde el crimen, los intereses minoritarios y privados, en colusión con la corrupción política, nos dejaron un país de muertos, de despojo y de fraude.
La elección de Puebla del año pasado es un ejemplo de esto. Hace un año, al interior del INE circuló un informe sobre los incidentes violentos en los comicios poblanos. En total, el primero de julio del año pasado hubo irrupción por parte de personas armadas en 147 casillas, fueron robados 62 paquetes electorales y al menos seis personas durante la jornada electoral fueron heridas de bala en los centros de votación, sin contar que se acreditó que hubo una participación omisa o tardía por parte de las fuerzas de seguridad pública.
Destaca que, con base en lo publicado por el informe, la mayor parte de los incidentes ocurrió en municipios con problemas relacionados a la venta de combustible ilegal, incluida la capital, que —con 58 casillas en donde hubo presencia de sujetos armados— es el lugar que presentó los mayores índices de violencia.
En el distrito electoral 01, con cabecera en Huachinango, cuya ex candidata a diputada federal, la panista Patricia Valencia Ávila, es señalada de pertenecer a un clan familiar que se dedica al huachicol, hubo violencia armada en dos municipios: en tres casillas de Hermenegildo Galeana y en tres de Venustiano Carranza, cuyo ex edil Rafael Valencia Ávila es indagado por venta ilegal de gasolina. Personas armadas amenazaron y retuvieron a ciudadanos y funcionarios de casilla hasta el amanecer del 2 de julio.
Los integrantes del clan Valencia Ávila, ligados al huachicol, eran parte del PAN poblano y fueron fotografiados en numerosas ocasiones con Moreno Valle y Martha Érika Alonso. En San Martín Texmelucan, municipio localizado en el distrito 05, donde históricamente ha habido enfrentamientos entre las fuerzas armadas y bandas de huachicol, sujetos con armas de fuego presionaron a los electores y realizaron detonaciones afuera de 15 casillas.
En el distrito 11, en San Francisco Totimehuacán, que también tiene problemas de venta ilegal de combustible, hubo presencia de personas armadas en 28 casillas, en las que, debido a que hubo intimidaciones y detonaciones al aire, la votación tuvo que ser suspendida de manera momentánea.
En 31 casillas colocadas en Santa Clara Ocoyucan, municipio ubicado en el distrito 13, donde el precandidato a alcalde de Morena Aarón Varela fue asesinado, personas armadas realizaron detonaciones y retuvieron a funcionarios de casilla y a capacitadores del INE.
La capital de la entidad, que abarca los distritos 06, 09 y 12, es la que tuvo los principales actos de violencia registrados durante la jornada electoral: en 58 casillas hubo intimidaciones, balazos, destrucción de paquetes electorales y agresiones por parte de sujetos armados. Otros municipios poblanos donde hubo violencia por parte de grupos de personas armadas fueron Jonotla, Tlatlauquitepec, Mazapiltepec y Santiago Miahuatlán.
Todos estos actos de violencia, de una elección huachicoleada, son independientes del manoseo de paquetes electorales e irregularidades en la bodega donde se resguardaban los mismos, lo que obligó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ordenar un recuento total y que casi lleva a la anulación de la elección.
En comparación, en las elecciones extraordinarias de este año, donde triunfó Miguel Barbosa —caso en el que, más allá de si el sujeto es corrupto o no, la mayor parte de las críticas que recibió se debió al clasismo, a su color de piel y a su apariencia física—, la autoridad electoral sólo detectó 75 incidentes menores, relacionados en su mayoría a votantes sin credencial o que no estaban registrados en el padrón. No hubo violencia ni intimidaciones por parte de hombres armados en territorios del huachicol.
Es promesa del nuevo régimen que los fraudes electorales ya no tienen cabida. La evidencia demuestra que, por más que fueran negados, por más que se construyeran instituciones electorales, los fraudes continuaban ocurriendo, con colusión del crimen organizado, hasta al menos hace un año.
Y los fraudes, como demostraron las secuelas del 2006, siempre causan muertos. Dejaron un país en ruinas; no obstante, sobre los escombros se pueden erigir los cimientos del futuro. Y como parte de ese futuro, nunca más se debe permitir la defraudación de la voluntad ciudadana porque eso genera muertos y los muertos no pueden defenderse.
El fraude electoral siempre es la puerta a más corrupción, a más pagos de favores, como el caso Odebrecht. Más muertos también porque, además de la ira y el desencanto social, a veces implican pactos con el crimen. No es fácil hablar de los que ya se fueron, pero Moreno Valle construyó un cacicazgo sustentado en fraude y huachicol. Algo que no debe volver.
Lo cierto, sin embargo, es que es probable que las elecciones del año pasado (salvo el fraude poblano, que fue una anomalía), así como los comicios de este año, quizá sean uno de los más grandes logros de la 4T: independientemente de que triunfe o fracase el proyecto de López Obrador, el pueblo se dio cuenta quizá por primera vez en la historia del país de que su voluntad sí cuenta y de que sí puede ser respetada.
Y eso, tal vez, sea la mejor defensa que tengamos nosotros los vivos; y la mejor defensa para todos aquellos que murieron defendiendo la democracia.
Héctor Gutiérrez Trejo. Periodista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido reportero de Reforma
y coordinador editorial de la revista Esquire Latinoamérica.
Twitter: @Tedefrijol
Abogada de la UNAM con formación en derechos humanos. Desde distintos espacios, ha trabajado por los derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente, investiga sobre justicia transicional, reparación integral del daño y justicia restaurativa.
