El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, separado de manera temporal de su encargo por no pasar controles de confianza, ha estado en el mira desde su nombramiento por diversas irregularidades en la impartición de justicia.
Winckler Ortiz asumió el cargo en la era de Miguel Ángel Yunes con protestas de diversos actores políticos y sociedad civil por estar estrechamente ligado al exgobernador, a quien además, le llegó a prestar sus servicios como abogado.
Cuitláhuac García, quien ahora es el mandatario de Veracruz, criticó en su momento su promoción como fiscal y desde su campaña se enfrentó al funcionario pidiendo su remoción.
Durante la gestión de Winckler, la fiscalía del estado estuvo involucrada en diversos actos que pusieron en duda la actuación del funcionario, como la liberación de presuntos criminales, actos de corrupción y la falta de protocolos para la identificación de cadáveres.
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Quizá el hecho que derramó el vaso, fue la matanza en el bar Caballo Blanco en Veracruz donde murieron más de 20 personas en un ataque del crimen organizado.
El señalamiento a Winckler y a la Fiscalía se originó debido a que al autor material del atentado se le había detenido meses atrás, pero ante una nula investigación se le puso en libertad.
Otro caso que cimbró su administración, fue la detención de Mauricio Ramírez -de oficio campesino- quien fue acusado de haber asesinado a tres policías municipales de Las Choapas en febrero de 2017, sin embargo, el juez de control desechó las acusaciones de la FGE y ordenó su liberación inmediata.
Aunque la FGE presumió la captura del campesino, el juez no encontró pruebas en contra del detenido y además de liberarlo ordenó que fuera ingresado a un hospital, debido a las heridas que había tenido tras un pleito de cantina, y no por un policía de Las Choapas.
En otro tropiezo, Jorge Winckler, tuvo que ofrecer una disculpa pública a integrantes de colectivos de desaparecidos por haber informado sobre la localización de seis cuerpos -entre ellos una familia de Querétaro- en fosas de Arbolillo, Alvarado.
El funcionario sólo se basó en credenciales de elector encontradas en ese sitio para identificarlos, violando los protocolos de identificación de cadáveres.
Las declaraciones del fiscal desató protestas de organizaciones nacionales.
Integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda recriminaron que Winckler, “con una actitud criminal” negó hallazgos que ellas hicieron en el rancho La Gallera, predio que habría sido empleado desde 2011 como cementerio clandestino en el municipio de Tihuatlán, al norte del Estado.
Familiares se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía en Poza Rica, y tapizaron la entrada con fotografías de cráneos, restos calcinados y prendas de personas, que fueron encontrados en una diligencia civil en marzo de 2017 y que el encargado de la Fiscalía negó en diversas ocasiones.
Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas se disculpó con las madres y dijo que el Fiscal Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos civiles en el rancho La Gallera’.
En julio dude 2018, La Fiscalía de Veracruz fue ubicada como la quinta peor en el país por el rezago en casos por delito de alto impacto según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por “Impunidad Cero”.
