La semana pasada estuvo sobre la mesa de la discusión la reunión que el pasado 1 de agosto Ricardo Peralta, subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo con representantes de autodefensas en Hidalgo y Tamaulipas, donde anunció el arranque de una cruzada nacional por la pacificación. Además, el subsecretario, acompañado del exlíder de las autodefensas en Michoacán José Manuel Mireles, colocó la primera piedra del parque agroindustrial en el Cháuz, tenencia de La Huacana. Frente a más de 20 mil asistentes, el funcionario federal señaló que con este proyecto se busca erradicar el estigma de violencia con el que vive el estado desde hace poco más de diez años.
El tema estalló cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo una declaración respecto a que la dependencia a su cargo estaba teniendo diálogos con “grupos armados”, declaración que horas más tarde fue puntualizada por Twitter, donde se especificó que las reuniones que estaba teniendo el subsecretario sólo eran con “auténticas autodefensas”. Esta declaración sirvió de base para que se armara un tremendo escándalo alrededor del tema, que acabó aterrizando en la conferencia mañanera del jueves 22 de agosto, en donde el presidente se pronunció al respecto.
Pensamos más allá de la autenticidad de las autodefensas, que, como sabemos, son grupos armados organizados que, ante el abandono y la falta de capacidad del Estado de mantener la paz y el orden en sus regiones, se organizaron para defender a sus pueblos; sin embargo, es verdad que con el tiempo algunos de ellos han sido infiltrados por el crimen organizado y han sido usados como brazo armado a su servicio. Más allá de esto, que ya es tema de varios artículos e investigaciones serias, lo interesante a destacar en esta columna es que de nuevo se trajo al debate un asunto ligado a la justicia transicional.
La justicia transicional es un campo específico de actividades, mecanismos y procesos por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. La aplicación de la justicia transicional busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional. La experiencia internacional muestra que normalmente la justicia transicional se ha utilizado en procesos sociopolíticos relacionados con transformaciones de dictadura a democracia o de procesos internos de conflictos a acuerdos de paz.
Para la teoría clásica de la justicia transicional, en México se vive una situación particular: pese a que, para muchos, estamos viviendo una época de transformación claramente marcada por el cambio de administración a nivel federal, las violaciones a los derechos humanos y la violencia generalizada se siguen actualizando día con día. De una rápida escucha de las declaraciones realizadas en la conferencia del 22 de agosto, uno podría pensar que cuando el presidente manifiesta que se interrumpirán los diálogos con los autodefensas es porque no está tan de acuerdo con los mecanismos y formas de la justicia transicional. Sin embargo, es todo lo contrario, Andrés Manuel López Obrador refirió que “en el Plan Nacional de Desarrollo se propondrá buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero para conseguir esta paz hay que ir avanzando eslabón por eslabón, primero se están atendiendo las causas de la violencia […] aún no se está buscando el diálogo, se va a buscar más adelante, hay un planteamiento de buscar un proceso de paz en todo el país con la participación de todos, definiendo y escuchando a todos”. Sus dichos toman una importancia interesante, pues, en efecto, en la realidad mexicana en la que estamos parados y según la visión de la justicia transicional aplicada a un contexto como el nuestro, es fundamental procurar un orden escalonado, de tal forma que tienen sentido el planteamiento realizado por el presidente de México y el orden planteado, para que más adelante se pueda buscar un auténtico diálogo de reconciliación nacional, como él mismo mencionó.
La lógica es muy clara: ¿Cómo nos vamos a sentar ahora a negociar la desaparición de grupos como los autodefensas si aún el Estado mexicano se encuentra en el proceso de consolidación de lo que va a ofrecer a cambio: seguridad y alternativas para los jóvenes? Construyamos las bases con las cuales el Estado mexicano llegará a las negociaciones y luego —entonces sí— nos sentamos a dialogar.
Julia Álvarez Icaza Ramírez. Abogada de la UNAM con formación en derechos humanos. Desde distintos espacios ha trabajado temas de derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente investiga sobre justicia transicional, reparación integral del daño y justicia restaurativa.
@Jualicra
