Durante mi experiencia en un consulado de México pude ver el impacto psicológico que tiene la retórica antimigrante de la administración Trump: una ola que no se sabe cuándo romperá.
El fin de semana la administración Trump amagó con una operación de “deportación masiva” en 10 ciudades contra 2 mil personas (más colaterales) que ingresaron recientemente de manera indocumentada a Estados Unidos y que desecharon su cita con las autoridades migratorias. Advertencia de marea alta.
El Pew Research Center señala que en 2017 vivían 10.5 millones de personas indocumentadas en EU. El 47 por ciento —5 millones de personas— son nacidas en México. Esto es prácticamente la misma cantidad de personas que habitan en el estado de Nuevo León. Las 10.5 millones de personas indocumentadas conforman una reducción de la cifra histórica de 12.2 millones en 2007-08 y apenas supera el 3 por ciento de la población total de EU. Mientras que la población indocumentada proveniente de México ha disminuido en la última década, la proveniente de Centroamérica y Asia incrementó.
Estudios serios demuestran que las personas indocumentadas delinquen menos, ya que buscan pasar desapercibidas y hacerse de un mejor patrimonio para ellos y su familia. Sin embargo, permanecen como una población lapidada y un chivo expiatorio en la política estadounidense.
Aunque 2 mil personas son una escuela de peces en un mar que supera los 10 millones, la amenaza de deportación se dio en un contexto electoral y fue una medida para generar miedo y disuadir que personas intenten ingresar a ese país. Un grito en falso de “¡Ahí viene un tiburón!” No será la primera ni la última vez que se realicen estas amenazas. Por ejemplo, durante la operación “Espalda Mojada”, en 1954, más de un millón de personas fueron deportadas en un verano.
Son aún más preocupantes las medidas institucionales que la administración Trump quiere implementar y su impacto en los flujos migratorios y para nuestros paisanos indocumentados. El anuncio de terminar con las protecciones de asilo para la gran mayoría de migrantes centroamericanos; los amagos legales (fallidos) por incluir la pregunta “¿Es usted un ciudadano estadounidense?” en el próximo censo o la búsqueda de promover medidas punitivas a la migración indocumentada —tipificándola como delito en vez de falta administrativa en su primera incidencia— son icebergs en el camino.
¿Qué puede hacer México al respecto? La población mexicana en Estados Unidos tiene mucha confianza en la 4T. Casi el 66 por ciento de la diáspora mexicana votó por el proyecto de AMLO, superando el 53 por ciento obtenido en territorio nacional. México tiene la red consular más grande de un país en otro, trabaja con cientos de abogados y abogadas con experiencia migratoria y realiza decenas de visitas a cárceles y centros de detención en Estados Unidos. En esta tormenta, el timón está en buenas manos. Desafortunadamente, el gobierno mexicano tiene poco espacio de maniobra. La política migratoria en ese país es un mar picado y se mantendrá así durante la campaña electoral de 2020.
Luis Mingo. Internacionalista por la UIA
con posgrados en LSE y Fudan University.
En Cancillería trabajé en la Subsecretaría
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
la Dirección General de Comunicación Social
y el Consulado de México en Seattle.
Twitter: @Luis_Mingo_
NULL
