En el contexto de los recientemente cumplidos cinco años del llamado “peor desastre ambiental de la industria minera del país”, que consistió en el derrame de 40 millones de litros de lixiviados a los ríos Bacanuchi y Sonora, es preciso abordar el tema del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero (FM).
El FM se constituyó en enero de 2014, representa el 7.5 por ciento de las utilidades anuales de las empresas y el 0.5 por ciento de los ingresos en oro, plata y platino. De lo recaudado, el 80 por ciento se distribuye entre estados y municipios mineros. La Secretaría de Economía es la encargada de calcular el monto que corresponde a cada estado, sin embargo los porcentajes de distribución una vez dentro de las entidades es de 62.5 por ciento para municipios mineros y 37.5 por ciento para las entidades.
En 2017 los estados que más montos recibieron fueron Sonora, (más de mil 100 millones de pesos), Zacatecas (700 millones), Chihuahua (450 millones), Durango (304 millones) y Coahuila (265 millones). Todo este recurso, se presume, está destinado a elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera —según los propios lineamientos del FM.
La controversia está en la aplicación de dicho fondo. Un comité por entidad es el encargado de elegir las obras que se realizarán (previamente presentadas por los municipios). El comité se integra por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del gobierno estatal, de municipios mineros, comunidades indígenas o agrarias, y uno más de las mineras en el estado. Se deben reunir por lo menos una vez al año para evaluar, con base en siete criterios, los proyectos, que en la mayoría de los casos son cientos, lo cual es ilógico. Y aunque se deben primar las obras para la protección ambiental y de las áreas naturales, así como los proyectos que propongan la utilización de energías renovables y la eficiencia energética, la realidad es distinta.
Si algo ha caracterizado al fondo minero es la opacidad en el ejercicio de recursos, la discrecionalidad de los estados y comités para la elección de obras, la nula participación de las comunidades y los vagos lineamientos que no etiquetan el dinero. Una gran bolsa disponible para inversión pública con suerte ha funcionado como caja chica de los gobiernos locales y como recurso particular de ciertos personajes.
En ese contexto sucede la férrea defensa que en días recientes hicieron el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, y algunos presidentes municipales del estado, quienes se oponen a que los lineamientos vigentes se modifiquen y a que el Fondo Minero sea administrado directamente desde el gobierno federal, de modo que ya no tenga que pasar por las manos y la arbitrariedad de los comités a modo.
Mientras tanto, pobladores de algunos municipios mineros siguen clamando por hospitales, plantas de tratamiento de aguas e infraestructura social básica, mientras los gobiernos locales justifican el gasto en obras invisibles.
Martha Cajigas Heredia. Maestra en Desarrollo Regional por el CIAD, A.C. Actualmente se desempeña en áreas relacionadas
con políticas y programas federales para el desarrollo.
@marthacajigas
