La polémica desatada por el plan de negocios para Pemex viene a sumar una serie de desencuentros del presidente con su política energética y parte de su equipo, como el exsecretario Urzúa y en su momento el subsecretario Herrera, así como expertos en la materia y un sector considerable de la industria asociada al tema; y por supuesto las calificadoras internacionales. En el centro de esta polémica está la refinería de Dos Bocas.
En este sentido, pongo sobre la mesa dos problemáticas adicionales que observo desde mi ámbito de experiencia ambiental. La primera tiene que ver con la evaluación ambiental, precisamente, de la refinería de Dos Bocas; y la segunda con el papel del gobierno como juez y parte, es decir, tiene dos bocas, una que propone proyectos y otra que asimismo dictamina sobre su pertinencia ambiental, a través de su Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Este conflicto de interés tiene delicadas consecuencias. Me referiré sólo a la segunda de las problemáticas, es decir, al papel del gobierno en la evaluación ambiental, y propondré una vía de solución; en otra entrega versaré sobre la ASEA misma y sus directivos. Por lo pronto sólo anotaré que el actual director de la ASEA, el licenciado Luis Vera, ha tenido, tiene o mantiene en suspenso su participación como directivo de una empresa dedicada a la gestión y evaluación ambiental para el sector energético. He leído varias críticas públicas sobre un evidente conflicto de interés, inclusive actualmente esta empresa tiene importantes contratos en Pemex. Pude constatar, mediante una entrevista grabada, al gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández haciendo una queja manifiesta contra el director de la ASEA, donde cuestiona abiertamente su probidad. Por ahora no voy abundar en las denuncias, no me quiero convertir en un juez de alzada y habrá instancias judiciales que seguro estarán abocadas a este asunto.
He leído la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en sus partes públicas (en promedio sólo se puede consultar la mitad del estudio, la otra está limitada) y revisado diversos artículos y entrevistas. Resalto la del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace, son contundentes es su análisis.
Durante más de 30 años, las obras y actividades públicas y privadas se dictaminaban mediante la evaluación de un manifiesto de impacto ambiental. En la reforma energética de la administración de Peña Nieto, se creó una instancia a modo para facilitar a la industria privada y transnacional los tramites (así lo ven, como un simple trámite): la Agencia Mexicana de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y así estimular la inversión. El entonces secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, tuvo la desfachatez de decir que la Secretaría no era Greenpeace y que se facilitaría al máximo la regulación ambiental; fue más lejos: mintió, tratando de convencer a la opinión pública de que sería la primera vez que la industria de hidrocarburos sería regulada en materia ambiental. Originalmente la ASEA estaría en la Secretaria de Energía, pero al final quedó en la Semarnat, como si eso fuera una solución real de control independiente en materia ambiental.
Mi propuesta contundente es que desaparezca la ASEA de una vez por todas y que se cree la Agencia Mexicana de Regulación Ambiental, organismo público autónomo, como el INE, encargado de la evaluación ambiental de todas las obras de carácter federal que requieran de un dictamen en la materia. Evitaríamos que las decisiones que involucren obras del gobierno federal sean aprobadas a modo, sin criterios técnicos y jurídicos sólidos, y en tiempos y formas por demás atropellados.
Pedro Álvarez Icaza. Experto en política ambiental
y en gestión y manejo de recursos de cooperación multilateral internacional.
Forma parte del programa de líderes ambientales de El Colegio de México.
Instagram: @pedroalvarezicaza
