Desde hace catorce años, cuatro gobernadores, cuatro presidentes y muchos más alcaldes y autoridades han tratado el tema de la Presa del Zapotillo. Por el momento López Obrador ha sido el primer presidente que ha recibido en Palacio Nacional a pobladores de las comunidades afectadas y entablado un diálogo directo.

Desdes 2005 la Presa del Zapotillo es un proyecto de infraestructura planeado para llevar agua al norte del estado de Jalisco, Guadalajara, y a una parte de Guanajuato. Ubicada en el Río Verde, pretendía inundar a los pueblos que viven en sus alrededores, como Temaca, Acasico y Palmarejo. Pero estos no se dejaron.

Una operación muy al estilo neoliberal, como con el NAIM, los impulsores de la presa y sus beneficiarios han sido los grandes empresarios corruptos que pretenden privatizar el agua y beneficiarse de la construcción del proyecto y la ubicación para distribución. La gente de los pueblos afectados ha luchado por sus tierras, defendido su historia y cultura desde que inició la construcción, y han protagonizado una defensa que engloba un problema fundamental de nuestros tiempos: la gestión del agua.

Por su naturaleza injusta, el proyecto de la presa se ha tenido que modificar desde sus inicios: la altura de la cortina, el porcentaje de distribución a cada estado, los viaductos que se incluirían en la presa y, por supuesto, el presupuesto requerido. Desde 2014 los pueblos lograron parar la presa por una resolución de la Suprema Corte. Aun así, la batalla no ha acabado.

El Zapotillo es una de las grandes herencias neoliberales en el estado de Jalisco. Una obra en la que no se acaban las irregularidades que implican a gobiernos federales, estatales y municipales, además de la Conagua, e involucra problemas como los intereses en el agua y a quiénes beneficiará, y hasta el huachicol de materiales de construcción que se ha presentado en la edificación de la cortina.

La batalla de los pueblos involucra un problema y es que en Guadalajara la distribución del agua ha sido inequitativa e irresponsable. Ha existido una política depredadora del agua, donde grandes empresas acaparan el líquido y contaminan sin preocupación los ríos y lagos. Un claro ejemplo está en El Salto, donde se ha contaminado (todavía más) el Río Lerma Santiago, al grado que los pueblos del Salto y Juanacatlán han enfermado y dejado de consumir su agua, y ha muerto la flora y la fauna del río.

Hay un trasfondo nacional sobre privatización del agua, a la que el gobierno federal se enfrenta. No debemos olvidar que durante muchos años esa política privatizadora imperó entre los gobiernos prianistas. Faltó poco para que, en los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, se lograra privatizar el agua con los decretos de uso de cuencas. Hoy las cosas son diferentes, pero hace falta que los gobiernos locales adquieran esos compromisos y desplieguen voluntad política.

Temaca es un ejemplo de los conflictos que abanderan una batalla en favor de todo el país y su futuro. El agua es un derecho, y en este sentido una presa no solucionará lo que por años lleva dañándose y dejándose de lado: la responsabilidad de los gobiernos de cuidar el líquido, distribuirlo de manera justa y proteger a la gente y sus derechos sobre los intereses de una minoría rapaz.

Sofía Lameiro. Licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública
por la Universidad de Guadalajara, militante de Morena,
participó en la organización de la estructura de defensa del voto,
colaboró en la Red por la Paridad y la Igualdad en el estado de Jalisco
y ahora es Servidora de la Nación en Guadalajara, Jalisco. 

@sofianosabia