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De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza publicada por el Coneval la semana pasada, en los últimos diez años la pobreza por ingresos no descendió. En 2008 el porcentaje de la población que vivía en pobreza extrema fue de 16.8 por ciento y diez años después fue de… 16.8 por ciento. Durante ese mismo periodo, el porcentaje de población en pobreza patrimonial —una versión un poco menos severa de la pobreza— pasó de 49 a 48.8 por ciento, es decir, una pírrica ganancia de 0.2 puntos porcentuales (pp.). El porcentaje de la población asalariada que no tiene acceso al régimen obligatorio de seguridad social se mantuvo en 50.4 por ciento de 2010 a 2018 y el porcentaje de la población económicamente activa de 16 años o más que nunca ha cotizado en alguna institución de seguridad social pasó de 48 a 45.6 por ciento, otro pírrico avance de 2.4 pp. El porcentaje de hogares con un gasto en alimentación inferior al costo de la canasta alimentaria incluso aumentó de 68.3 a 68.5 por ciento.

Sin embargo, como se trata de una medición multidimensional es posible apreciar que sí hubo mejorías en otras dimensiones de la pobreza. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil pasó de 25 defunciones por cada mil nacimientos en el 2000 a 14.6 en 2016. Por su parte, la tasa de mortalidad materna pasó de 74.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos a 36.7 durante el mismo periodo. La cobertura en educación media superior pasó de 57.9 por ciento durante el ciclo escolar 2006-2007 a 78.3 por ciento en el ciclo 2018-2019, una ganancia de 20.2 pp.

Claramente, es posible apreciar una dicotomía entre los resultados anteriormente expuestos en el primer y segundo párrafos, y eso se debe a que los satisfactores del bienestar incluidos en el primero fueron dejados prácticamente al libre mercado. La política industrial para la generación de empleos fue prácticamente inexistente y relegada a microcréditos y garantías. El outsourcing se masificó, mientras que el poder adquisitivo de los salarios se redujo, y el país en general creció muy poco —0.9 por ciento per cápita al año, en promedio.

Sin embargo, los avances mostrados en el segundo párrafo son a pesar del neoliberalismo, puesto que dependen poco del mercado. En México, el neoliberalismo no logró convertir en mercancías a la salud y a la educación, por más que el panismo haya ofrecido como privilegio a los funcionarios de nivel medio y alto los seguros de gastos médicos mayores, y se haya planteado en numerosas ocasiones el outsourcing y la voucherización de estos servicios. Las escuelas, becas como las de Oportunidades y Prospera, clínicas y hospitales continuaron funcionando y expandiéndose a pesar de la corrupción. El sistema de educación pública, las campañas de vacunación, el IMSS, los institutos nacionales de salud, los hospitales regionales, etcétera, que ofrecen sus servicios de manera gratuita, lograron sobrevivir a los embates del neoliberalismo.

Queda pendiente entonces construir una política industrial que intervenga y fortalezca al mercado para generar empleos y riqueza que repartir, así como consolidar y expandir las instituciones que desmercantilizan el bienestar.

Víctor Arámburu. Doctor en política pública por el CIDE
y maestro en política social y desarrollo por la Escuela de Economía de Londres (LSE).
Ha trabajado en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas
en diversos sectores, particularmente en temas de desarrollo económico y social,
así como de fiscalización y combate a la corrupción.

@varamburucano

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