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Qué llevó a López Obrador a plantear el voto popular en el poder judicial

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado la posibilidad de que sea el soberano, es decir, el pueblo de México, quien tome las riendas del poder judicial y se abra al escrutinio su actuar y en el futuro su elección

Este proyecto se dio luego que el fin de semana pasado, un miembro del cártel «Guerreros Unidos» fue liberado por un juez al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

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Esto generó una reacción del gobierno federal quien solicitó a la Fiscalía General de la República indagar a los impartidores de justicia por diversas irregularidades cometidas en el caso Iguala y que han derivado en liberaciones de personajes clave en la desaparición de los estudiantes. 

«Yo creo que la reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia. Creo que lo que mas ayuda para que se tengan mejores poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos, si eso lo hacemos todos, todos los ciudadanos, eso va a ayudar a que al interior del poder judicial, sin injerencia del poder ejecutivo, sino por decisión de el soberano que es el pueblo se tenga que revisar, llevar a cabo una reforma al interior de este poder», expuso el presidente López Obrador. 

Pero, ¿En qué partes del mundo ya se explota esta idea?

Sólo en Bolivia y Estados Unidos.

Estados Unidos es el único país del mundo donde quienes ejercen la acusación en nombre del Estado son funcionarios elegidos directamente por los ciudadanos

En los orígenes del constitucionalismo estadounidense tales funcionarios judiciales eran designados por los jueces del condado, por ejemplo en Nueva York y Kentucky, por la legislatura del estado como en Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennesee o por el gobernador como en Massachusetts, New Hampshire y Michigan.

No obstante, con la llegada de Andrew Jackson a la presidencia, se inició un movimiento que llevó en determinados estados a que gran parte de sus funcionarios incluidos los jueces y los fiscales, fueran elegidos democráticamente, es decir por el pueblo.

Mississippi fue el primer estado que optó en 1832 por la elección popular de quienes hoy son los fiscales de distrito; su ejemplo fue seguido el año siguiente por Ohio, quien lo hizo por una simple modificación legislativa.

A la fecha, sólo cuatro estados no eligen a sus fiscales por sufragio universal. 

¿Qué factores incidieron en esta modificación?

Especialmente dos: el rechazo del pueblo al proceso de designación existente y, sobre todo, el incremento de las funciones que experimentaron estos funcionarios en el procedimiento penal, hasta el punto de que su papel llegó a ser clave a la hora de decidir el enjuiciamiento o no de un acusado.

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No obstante, los magistrados de la Corte estadounidense aún se elige por cuotas del Ejecutivo que son ratificadas o rechazadas por el poder legislativo. 

En 2011, Bolivia, se convirtió en el primer país de latinoamérica en llevar a voto a sus jueces y magistrados. 

Cerca de 6.5 millones de bolivianos acuden a las urnas para elegir, por voto popular directo, a 52 magistrados del organismo judicial.

Un total de 597 candidatos fueron postulantes para estas elecciones.

De ellos, 96 se preseleccionan por la Asamblea Legislativa Plurinacional con base en sus méritos académicos y laborales.

De estos, 18 son electos como magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia; 18 para el Tribunal Constitucional Plurinacional; 10 para el Tribunal Agroambiental; y 6 para el Consejo de la Magistratura.

Estos jueces, al igual que el resto de las autoridades públicas por elección popular, son revocables. El tiempo de sus funciones es de 6 años, sin posibilidad de reelección.

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