La batalla por democratizar al poder judicial no es una propuesta aislada de México, en diversos países de Europa se han hecho también este planteamiento, sin embargo, hasta la fecha sigue siendo una parte del aparato gubernamental sujeta a cuotas.
En Europa, que si bien no adolece de una corrupción exponencial, los impartidores de justicia siguen sujetos a cuotas de los poderes ejecutivo y legislativo.
En Grecia, los jueces son elegidos por sorteo entre los miembros de jurisdicciones superiores del Estado.
En Italia, la tercera parte de los jueces son designados por las magistraturas supremas. Mientras, el presidente de la Republica nombra a cinco, y la Cámara también decide a otros cinco por mayoría de dos tercios.
En Francia, el presidente de la República nombra a tres miembros del Consejo Constitucional, y a su presidente. Esta potestad ha provocado críticas políticas.
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En España, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría: dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del poder judicial.
En el Reino Unido, el ministro de justicia tiene la responsabilidad de designar a los miembros de la carrera judicial.
Pero los nombramientos para cargos superiores los realiza la Reina, por recomendación del primer ministro, que a su vez puede pedir consejo al ministro del ramo.
También es distinta la carrera judicial. Una comisión judicial elige a los candidatos, que han tenido que dedicarse al derecho durante 25 años, y superar unas evaluaciones.
A pesar de que en el Reino Unido las funciones de control del poder judicial las ejerce el gobierno, los expertos subrayan que en la cultura anglosajona está muy arraigado el precepto de independencia.
Por su parte, el Consejo Judicial de Canadá está integrado sólo por jueces.
En Portugal, existen dos órganos judiciales, uno para los jueces de los tribunales de justicia, y otros para los dedicados a derecho administrativo y fiscal.
