La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo preocupada por las políticas impuestas por Estados Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo de migrantes, ya que aumentan el riesgo de violaciones a las garantías individuales.
«Me preocupa que las políticas que se están implementando actualmente en Estados Unidos, México y algunos países de América Central están poniendo a los migrantes en mayor riesgo de violaciones y abusos de los derechos humanos, y pueden violar los derechos de las personas vulnerables», indicó.
La titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que lo que más le alarma es que niños continúen en centros de detención en Estados Unidos y México, ya que ello contraviene el principal interés de los menores, que es un principio fundamental del derecho internacional.
«Sigo profundamente perturbada por estas políticas, en particular la continua separación de niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño», enfatizó.
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Recordó que quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen es por la angustia social y económica que existe en sus países de origen e incluso como resultado del cambio climático, la inseguridad, corrupción, entre otros factores de grande alcance.
«Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen al Estado de destino y entren en él, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son, simplemente, retrasos. Ni ellos ni las llamadas políticas de ‘tolerancia cero’ detendrán las fuerzas que impulsan a las personas a irse», subrayó.
La jefa de la oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos señaló que las políticas migratorias como las implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México sólo presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más riesgosas, donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos.
La expresidenta chilena recordó que en lo va de este 2019, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias y que las oficinas del ACNUDH en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento en detenciones y deportaciones de migrantes.
También, agregó, hemos observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad; falta de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.
«Los acuerdos para ‘devolver’ personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y garantías del debido proceso», apuntó.
