Por la memoria histórica de los oprimidos

Hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, por la desaparición forzada y la tortura a la que fue sometida, así como por la mutilación y ejecución extrajudicial de su esposo, José Manuel Alapizco, hechos ocurridos durante la Guerra Sucia de los años 70 en México.

A lo largo de la historia de nuestro país los gobiernos han articulado ataques sistemáticos utilizando la fuerza militar contra jóvenes estudiantes, grupos indígenas y demás células de resistencia armada, de la mano con una estrategia discursiva y mediática que criminaliza la disidencia y la precariedad para perpetuar la impunidad de a quienes han agraviado, haciendo uso pernicioso de sus facultades desde el poder.

Las disculpas de Sánchez Cordero a nombre del Estado mexicano significan la voluntad de cerrar las heridas de nuestro pueblo mediante la memoria histórica y el establecimiento de un país donde se reconstruya la confianza en los dirigentes y se reconozca la dignidad de los sectores más olvidados del país. La secretaria de Gobernación además aseguró que el nuevo gobierno está comprometido con erradicar cualquier acto de tortura y violación de derechos humanos.

Esta semana se cumplieron cinco años del caso Ayotzinapa en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron perseguidos y desaparecidos por miembros del cuerpo militar de la república. Se cumplen cinco años en los cuales los familiares no han descansado, cinco años en los que la deliberada obstaculización de justicia y el encubrimiento entre autoridades les han negado saber qué sucedió con sus hijos. ¿Dónde están los 43 normalistas? Como mexicanos necesitamos saber qué sucedió aquella noche en Iguala, qué autoridades y grupos delincuentes estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas y quiénes más en el entorpecimiento de las investigaciones. 

Desde la llegada de López Obrador a la presidencia de la república se han instalado mesas de diálogo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, además de la constitución de la comisión para la verdad y acceso a la justicia que destina y aplica recursos materiales, jurídicos y humanos para garantizar la clarificación de los hechos acontecidos aquella noche septembrina de 2014. 

El nuevo gobierno tiene la responsabilidad generar políticas en pro de la memoria histórica, el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias contra los involucrados en actos de violación de garantías individuales, así como de garantizar la profesionalización y capacitación en derechos humanos del cuerpo castrense, policial y burocrático. Se requiere el total compromiso de horizontalizar el diálogo, de escuchar y atender las demandas de la gente y difundir una reivindicación de los oprimidos. De lo contrario no habrá posibilidad alguna de generar una transformación del régimen político mexicano.

Camila Martínez Gutiérrez. Estudiante de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Fue integrante del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México.

@CamMttz

Otros textos de la autora:

-Sí, amnistía

-Cómo debería ser la universidad

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