El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México y uno de los cambios más mencionados fue la transición de jefaturas delegacionales a alcaldías. No sólo se trató de un cambio de nombre, sino de una ampliación de facultades y una modificación en su conformación.
Desde el 1 de octubre del año pasado, como lo mandata la Ley orgánica de alcaldías, estas se integran por una alcaldesa o alcalde y un concejo por un periodo de tres años. ¿Cuáles son las funciones del concejo? De acuerdo con la ley, es el órgano colegiado que tiene como función la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos.
¿Cómo está la situación a un año de entrada en vigor de este nuevo diseño de gobierno local?
Es difícil saber si se ha contribuido al mejoramiento del ejercicio de gobierno de las alcaldías. Sin embargo, pretendo resaltar algunas de las experiencias exitosas y los pendientes que se tienen para los próximos años.
Ya se pueden señalar algunas alcaldías que han destacado en el desempeño de sus labores. Por ejemplo, en Álvaro Obregón los vecinos han participado en las sesiones ordinarias exponiendo sus principales preocupaciones y solicitudes; en Miguel Hidalgo se aprobó el primer bando en relación con el uso de los monopatines y bicicletas sin anclaje; Azcapotzalco emitió la convocatoria para silla ciudadana a través de la Gaceta de la Ciudad de México y aprobó un bando para hacer eficiente la recolección de basura; en la Magdalena Contreras se han realizado comparecencias con los directores generales de la alcaldía.
¿Qué pendientes se tienen para los próximos años?
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Condiciones homogéneas para todas las concejalías que incluyan desde la parte presupuestal (sueldos de concejales y de asesores), condiciones mínimas de espacios de trabajo para el ejercicio de sus labores, además de homologación de criterios de transparencia, de reglamentos y de comisiones de trabajo.
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Existen algunas propuestas en el Congreso de la Ciudad de México en relación con el sueldo de estas figuras. Actualmente, el sueldo máximo por ley para 2019 es de 22 mil 389.85 pesos y se ajustará conforme a la inflación para los próximos años. La intención de los legisladores promoventes es la dignificación del cargo. Sin embargo, creo que la dignificación no está principalmente en función de su remuneración, sino en el cumplimiento de sus atribuciones y su trabajo en favor de los representados.
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¿Son suficientes las funciones establecidas en la ley? ¿Se podrían agregar más? Sin entrar en detalles sobre la forma en que son electos (planillas y asignación proporcional), me parece que, con una mayor injerencia en la elaboración del presupuesto, una mayor participación en la elaboración e implementación de políticas públicas y herramientas técnicas para la vigilancia del gasto, podríamos tener avances significativos y palpables en el ejercicio de gobierno de las alcaldías.
Los concejos están en construcción. Es cierto que apenas son conocidos y todavía no se ve su injerencia en las alcaldías pero si se les dota de herramientas van a poder ser un importante vínculo entre las necesidades del pueblo y los presupuestos locales.
Marco Romero Sarabia. Concejal de Morena en la alcaldía de Benito Juárez. Politólogo e internacionalista del ITAM. Interesado en temas de salud pública y movilidad.
@Ma_Sarabia
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