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Durante la transición del gobierno de Peña Nieto al del presidente López Obrador fue común escuchar y leer a los simpatizantes del calderonismo y del panismo —como Max Kaiser, actual presidente de la comisión anticorrupción de la Coparmex y exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas durante la administración de Felipe Calderón— afirmar que habría un pacto de impunidad entre el nuevo y el antiguo régimen. Su único sustento para afirmar lo anterior fue una declaración del todavía candidato puntero López Obrador respecto a que no habría una cacería de brujas: «no queremos venganza, queremos justicia». No obstante, quizá sus declaraciones tenían un mejor sustento, pero inconfesable: su propia experiencia en el gobierno.

Durante el periodo en que el PAN estuvo en el poder, México mantuvo estable su puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional. No obstante, cayó del lugar 59 al 105 en el ránking, por debajo de países como Cuba (58) y Argentina (102). En el Índice de Control de la Corrupción elaborado por el Banco Mundial, México también mostró un retroceso, pasando de estar a la mitad de los países rankeados hacia el 42 por ciento más corruptos.

Los gobiernos panistas nunca sancionaron penal o administrativamente a ningún exfuncionario de alto nivel de las administraciones priistas. A pesar de que se suscitaron diversos escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios panistas, ningún funcionario de alto nivel fue inhabilitado. Algunos de estos escándalos fueron los contratos de Pemex otorgados a la empresa Oceanografía, en la que estuvieron involucrados los hijos de Martha Sahagún y funcionarios como el propio Felipe Calderón cuando era secretario de energía en la administración de Vicente Fox, su fiel colaborador Juan Camilo Mouriño, Raúl Muñoz Leos, César Nava, Jesús Reyes Heroles, entre otros. Incluso el propio Juan Camilo Mouriño incurriría en conflicto de interés cuando su empresa Ivancar recibió contratos de Pemex mientras él era funcionario en la Secretaría de Energía. Otros escándalos de corrupción famosos sin altos funcionarios sancionados fueron los sobrecostos de la Estela de Luz; el dispendio del embajador Dormimundo en China; los desvíos de recursos del elbista Miguel Ángel Jiménez de Lotenal para la campaña electoral panista en Campeche, entre otros.

El pacto de impunidad calderonista se puede demostrar con los datos provenientes del Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública: de 2007 a 2012, ningún funcionario de nivel de secretario, subsecretario, oficial mayor y homólogos fue inhabilitado. En cambio, en los 10 meses de la administración del presidente López Obrador, la SFP de Irma Eréndira Sandoval ya inhabilitó a Emilio Lozoya y Rosario Robles, lo cual implica un 200 por ciento más de funcionarios de alto nivel inhabilitados que en los seis años de la administración de Felipe Calderón. A diferencia de la empresa Ivancar de Mouriño, la SFP ya multó e inhabilitó a las empresas farmacéuticas de Carlos Lomelí, otrora delegado del presidente en Jalisco. En diez meses quedan claras ya las diferencias, las cuales son una muestra más de la derrota moral del panismo y, en particular, del calderonismo.

Víctor Arámburu. Doctor en política pública por el CIDE y maestro en política social y desarrollo por la Escuela de Economía de Londres (LSE). Ha trabajado en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas en diversos sectores, particularmente en temas de desarrollo económico y social, así como de fiscalización y combate a la corrupción.

@varamburucano

Otros textos del autor:

-Jóvenes Construyendo el Futuro como oportunidad y sus áreas de oportunidad

-Popularizar el derecho a la salud

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