Los principales noticieros y la comentocracia conservadora aseguran que el precio de las gasolinas y el diésel se redujo por fenómenos internacionales externos. Por la guerra comercial y las medidas restrictivas en la producción de crudo que impuso Arabia Saudita a Rusia.
El país islámico declaró públicamente que aumentaría la producción de barriles de petróleo diario a 12 millones, lo que resultó en desajustes en el mercado mundial con caída del pecio del hidrocarburo; a lo anterior se sumó la OMS declarando al COVID-19 como pandemia. Fue así como se paralizo la economía mundial.
El precio del barril de petróleo ha tenido una reducción en más de 31% de su precio. Si bien las notas y comentarios son ciertas, falta un minucioso detalle en la reducción del precio de las gasolinas y el diésel: la intervención del gobierno federal para reducir el precio de dichos energéticos en el país.
En el sexenio de Peña Nieto se reformó el artículo 27° constitucional para abrir la puerta a la inversión privada nacional y extranjera en la extracción, transformación, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados (la gasolina entre otros), cuyo argumento fue los beneficios de la competencia de "libre mercado". Así, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se convirtió en un competidor más. A partir de 2016 se dio la entrada a concesionarios privados comercializadores de diésel y gasolinas y los precios de estos energéticos los fija el mercado de acuerdo al precio internacional.
Pero por su parte, en México el precio de la gasolina se establece por las siguientes componentes: precio de referencia (tipo de cambio) + margen de costo + IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) + IVA (impuesto al valor agregado).
Dicho lo anterior, para poder reducir el precio de las gasolinas y el diésel, en lo que va del mes de marzo, la labor del gobierno tiene una lógica. PEMEX sigue siendo una empresa del Estado mexicano y su acuerdos y decretos son responsabilidad en última instancia del encargado del ejecutivo, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente tiene jurisdicción para decretar un aumento o disminución del precio de las gasolinas porque desde el pasado 18 de diciembre del año 2019 el pleno de la sesión ordinaria de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anuló el acuerdo A/057/2018. Dicho acuerdo establecía que Pemex Transformación Industrial (PTI) tiene la facultad para aplicar la metodología para determinar los precios de venta de primera mano (VPM) y en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR). De esta manera ya no tiene la obligación de informar a la CRE sobre su metodología VPM y TAR. De esa forma se eliminó la regulación asimétrica que regía las ventas de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y que generaba mayor discrecionalidad en los precios de venta al mayoreo y mayor opacidad en el mercado de combustibles. Por lo tanto, la ausencia de la metodología de VPM, se regresa a una situación de preponderancia de Pemex, lo que le permite aplicar descuentos discrecionalmente en sus ventas, aunque de desventaja para los demás competidores en el mercado de combustibles, ya que estos no cuentan con los volúmenes, infraestructura y puntos de venta que tiene la petrolera estatal que son alrededor de 12 mil en todo el país.
Por lo anterior, el Presidente optó por decretar la disminución del precio de las gasolinas por ser el competidor y distribuidor mayoritario del mercado nacional, por esta razón obligó a la competencia a bajar su precio de venta para tener precios “competitivos” en el mercado. Sin embargo, para controlar los precios de los hidrocarburos, lo que sucedía anteriormente era la utilización de los instrumentos de recaudación (impuestos) del gobierno federal para incidir sobre el precio del petróleo, es decir IEPS y el IVA; el primero es un impuesto y a la vez una especie de instrumento utilizado como estabilizador de precios, aún con la volatilidad del mercado internacional, incluso con estímulo fiscal. Sin embargo, en esta ocasión no sucedió así, es decir, que la Secretaría de Hacienda decretó eliminar el estímulo fiscal semanal al IEPS, lo que se traduce en garantizar la recaudación por este rubro energético. Así se pretende generar mayor circulación de dinero y aumento considerable del consumo de gasolinas.
Esta estrategia de incremento fiscal en tiempo de crisis epidemiológica –con impacto negativo normal en la economía–, se podría reflejar en los próximos meses en inversión pública y trasferencias gubernamentales, para sostener la dinámica económica nacional.
