Camila Martínez
¿Hay conflicto de legitimidad entre los poderes públicos elegidos democráticamente y las pluralidades de actores involucrados en la implementación de una política pública? ¿A quién debemos hacerle caso? Creo que definitivamente sí hay un conflicto y que hay que preguntarse si estos actores que participan en la discusión con argumentos y persuasiones se ven afectados directamente por esta política pública o si representan los intereses de alguien más. Esta pregunta es particularmente interesante en países como México donde hay ciertas comunidades indígenas que pugnan por la autogestión de sus territorios.
Los hechos: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presenta el proyecto de generar un tren para el desarrollo comercial, turístico y social de la zona sur del país. Estos territorios tienen dos particularidades vinculadas que complejizan el panorama: uno es que las vías pasan precisamente por territorio indígena; la otra, es que se trata de una zona del país históricamente rezagada en su desarrollo de infraestructura y servicios gubernamentales.
Este tren ha generado reacciones diversas entre los actores del debate: 1) Una mayoría mestiza a nivel nacional que aprueba en su mayoría el proyecto en extensión a su apoyo al presidente. 2) Una minoría mestiza que desde la oposición –muchas veces de derecha– capitaliza el desacuerdo al Tren Maya para oponerse al presidente bajo la narrativa que personalmente considero hipócrita de “apoyar” o “proteger” a las comunidades indígenas. 3) Un grupo indígena anticapitalista en contra del Tren por considerarlo una imposición del gobierno central y una invasión de sus tierras a pesar de que varios no viven en la zona por donde pasará. 4) Un grupo combinado entre indígena y mestizo a favor del tren por considerarlo un proyecto viable de desarrollo para su realidad económica y material actual.
En medio de la polémica que se ha generado está la Consulta Indígena, una serie de asambleas informativas y deliberativas que ha realizado el gobierno en conjunto con los representantes comunitarios y los observadores internacionales. En estas asambleas las comunidades que se verán directamente afectadas han votado en su mayoría a favor del proyecto del Tren Maya. No obstante los detractores del proyecto argumentan falta de información durante estas jornadas pues al momento de votar no se contaba aún con las Manifestaciones de Impactos Ambientales.
Esto último a pesar de que FONATUR se ha comprometido a hacer pública de forma completa la información de los impactos en cuanto esté disponible, también se ha comprometido a que sin esta no se iniciará el tendido de las vías. Es decir, la rehabilitación de los tramos construídos no requiere MIAs porque esos territorios se consideran ya impactados, y no habrá ninguna construcción de nuevas vías si no se han recibido los estudios ambientales. Además, tras la aprobación del proyecto se han mantenido los diálogos comunitarios regulares para tomar en cuenta las nuevas perspectivas y las peticiones que surjan a partir de los resultados.
Entonces, ¿a quién se le debe considerar preponderantemente para la legitimación del proyecto? ¿La gran mayoría cuyos hogares no se verán afectados directamente por la construcción del tren? ¿El grupo indígena que habita por donde pasará el tren, pero que toma una decisión, de acuerdo a algunos, sin tener la información completa de las implicaciones del proyecto? ¿El grupo indígena que está en contra pero que es el que tiene más presencia mediática aunque en el caso particular del Tren no invada sus territorios y por lo tanto no esté vinculada directamente a sus beneficios/afectaciones?
La complejidad de la relación entre actores es alta. Se ha perfilado una coalición de bloqueo entre los dos grupos que rechazan el proyecto del Tren a pesar de haber sido actores históricamente antagonistas que no logran ponerse de acuerdo más allá de su negativa. Vemos el surgimiento de una narrativa paternalista y colonial entre los actores que no estarán afectados de forma directa por la construcción del tren. ¿No resulta extraño que el reclamo y la disputa vibrante se haga más escandalosa desde afuera? ¿Y si respetamos todos y todas lo que los habitantes de la zona ya decidieron?
