México vive una terrible epidemia por la que este año morirán alrededor de 300 mil personas y muchísimas más verán reducida su calidad de vida. La causa no es un terrible virus nuevo sino algo mucho más sencillo y antiguo: la mala alimentación.
La chatarra lo inunda todo. Hay miles de comunidades sin servicios básicos pero en ninguna falta la oferta de chatarra: coca cola, marinela, bimbo, sabritas… alimentos diseñados por expertos para ser adictivos con contenidos excesivos de azúcar, sal y grasas que poco o nada nutren, pero mucho engordan y dañan.
De las 79 personas que habían perdido la vida por COVID19 hasta el 4 de abril en México, 33 tenían hipertensión, 31 obesidad, 31 diabetes y 34 otras condiciones. La suma de condiciones es de 129 para 79 casos, lo que indica que el promedio sería de casi dos condiciones por persona fallecida. No es una sorpresa. Desde el inicio de la epidemia los expertos alertaron que una de las principales vulnerabilidades de México son precisamente los altos índices obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas, que son de hecho el mayor problema de salud pública del país y ¡causa de el 45% de las muertes anuales!
Ante esta situación, en el Congreso modificamos la Ley General de Salud para introducir un cambio en la regulación del etiquetado de alimentos, sustentado en recomendaciones de expertos mexicanos y de la Organización Mundial de la Salud: el etiquetado de advertencia frontal. No obstante lo escandaloso de los indicadores, existió una poderosa oposición a esta reforma que incluyó la actuación de cabilderos en las dos cámaras, la publicación de columnas engañosas y un intento desesperado por frenar en tribunales la nueva normatividad. Por último, y no es broma, ante el surgimiento de la pandemia de COVID19, los chatarreros exigían que se suspendieran las nuevas normas de etiquetado; petición que afortunadamente no fue aceptada.
El etiquetado claro y frontal de los productos fue el primer paso hacia la actualización de la legislación mexicana para enfrentar, desde el ámbito legislativo, la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes y mala nutrición que nos azota como país. El siguiente paso implica a una ambiciosa propuesta de ley reglamentaria para el artículo 4º constitucional que preliminarmente se llama Ley general del derecho a la alimentación adecuada, que buscar sentar las bases de la política de Estado en la materia. Algunas de las más lúcidas mentes del sector salud mexicano han venido construyendo esta propuesta que afectará innumerables intereses económicos y por lo mismo recibirá nuevamente la andanada de los chatarreros y sus apologistas, pero tiene potencial real de contribuir a transformar perdurablemente la salud del pueblo de México.
La nueva epidemia de COVID19 así como nuestra antigua y endémica epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, nos deben dejar en claro que en salud pública el mercado no solo no se “regula sólo” para “maximizar el bien común”, sino que, sin la enérgica intervención pública, nos lleva al desastre.
