La clase empresarial mexicana cometió un error al desestimar la frase obradorista que dicta que hay que “separar el poder político del económico”. Hasta que no tocó nuestra puerta el coronavirus jamás habrían podido imaginar lo distinto que sería abordado el plan de recuperación económica por este gobierno a comparación de cómo se hacía en gobiernos anteriores. Y es que hace una semana Andrés Manuel anunció que no habría financiamiento público utilizado para el rescate económico de los grandes empresarios, de los accionistas o de los banqueros como se hizo tras el error de diciembre con el FOBAPROA.

Andrés Manuel cambió la lógica neoliberal y de compadrazgo entre élites de sexenios pasados por una apuesta por fortalecer la inversión pública en proyectos de infraestructura –lo que multiplica el gasto gubernamental inicial y genera empleos–, dar créditos a pequeñas empresas y ampliar los estímulos económicos así como crecer los programas de pensiones que llegan ya al 95% de los hogares en nuestro país. Para financiar esto se planea echar mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos, así como del dinero que se disponga tras las subastas de la enajenación de bienes a la delincuencia común y de cuello blanco.

Tras los intentos fallidos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por capitalizar la dificil coyuntura del país con el fin de presionar a la transformación a ceder, el Gobierno de México soltó tres grandes estocadas mediáticas: la publicación de los nombres de esas 15 grandes empresas que son parte del CCE y deben 50 mil millones de pesos al fisco; la exposición que hizo Dolores Padierna a que, a pesar de haberse comprometido el 26 de noviembre en la mañanera presidencial, el presidente de la CCE no ha invertido aún ni un peso de los 431 mil millones de pesos que prometió; la tercera es el remarcable papel que ha hecho Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México al convocar a construir una CDMX socialmente responsable, donde no quepan las empresas que ilegalmente despiden en masa a sus trabajadores en tiempo de crisis.

Estos tiempos del Coronavirus están siendo clave para que la Cuarta Transformación ponga al descubierto sus prioridades y demuestre que realmente gobierna anteponiendo por el bien de todos primero a los pobres. Esto incluye necesariamente priorizar su bienestar económico con transferencias y la generación de nuevos empleos, pero también el proteger los trabajos ya existentes a partir de la Secretaría del Trabajo y la PROFEDET que tendrá que promover y mediar para el cumplimiento de los derechos laborales, o de lo contrario aplicar sanciones legales a los empresarios que sí tienen la posibilidad de pagar a los trabajadores pero deliberadamente decidan despedirlos. Y es que son tiempos de hacerle frente a los privilegios, la corrupción y la inmoralidad para fomentar una política administrativa de redistribución de la riqueza a partir de las inversiones de gobierno y de socialización de los derechos entre aquellos que históricamente no habían tenido para dónde hacerse.

Como afirma el periodista y filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais, en un país donde se han legalizado las desigualdades, no hay nada peor que decir frases como “estamos todos en el mismo barco” porque no es así; si acaso estuviéramos todos en el Titanic, donde los ricos sobrevivirán los impactos porque tienen los botes y en la tercera clase morirán más al no tener ni a dónde aferrarse. Por esto, la política actual mexicana no se puede basar ni siquiera en “gobernar parejo” para todas las personas, porque eso no sería sino hacerse de la vista gorda y echar en saco roto las necesidades y los contextos de cada persona que ¡ojo! no son siquiera cuestiones naturales ni de azar, sino que son el resultado de una sociedad en la que se reproducen las desigualdades sociales con el fin de perpetuar los privilegios de la cúpula de siempre.

Ante el crecimiento desmesurado de los poderes fácticos, esto incluye también su presencia y manejo de la agenda pública a través de los grandes medios de comunicación que también son dirigidos por grandes empresarios, el gobierno debe convertirse en un sofisticado aparato que nos otorgue herramientas que nos fortalezcan y que nos defienda como sociedad ante esa clase millonaria a la que se le permitió alimentarse de la corrupción y desbordar lujos mientras gobernó la oposición. Necesitamos mover la balanza y construir un piso mínimo de derechos sociales con trabajo, certidumbre económica, acceso a la salud y a la educación de calidad en todos los rincones del país; continuar siendo esa política que emerge del pueblo y representa las necesidades de la clase más precarizada.

De lo contrario, la próxima vez que tengamos otra emergencia, ya sea sanitaria o de cualquier tipo, esta volverá a impactar de forma absolutamente desigual a la población de la periferia que a los habitantes de las colonias privilegiadas de las grandes ciudades. Y llegará un momento en el que, con justa razón, ese pueblo olvidado se canse, se levante y entonces sí ya veremos qué le deparará la suerte a quienes han impedido la justicia económica y en ningún momento han mostrado fraternidad o solidaridad fuera de su clase social.