Las acciones y avances del gobierno de la Cuarta Transformación están a las luces de todas y todos. Nunca antes como ahora se garantiza el artículo sexto constitucional con el acceso a la información y a la libertad de expresión. En este nuevo modelo de comunicación con la transparencia y honestidad como valores queda a la vista de todos y todas que por fin, después de mucho tiempo, la vida de las personas es prioridad para el Gobierno Federal.
Es indispensable saber cómo llegamos hasta aquí. Tener memoria, recordar bien el ejercicio de gobierno del viejo régimen. En el 2012 les conocíamos como “los barones del dinero” pues con la colaboración de organismos financieros internacionales lograron imponer las “reformas estructurales” neoporfiristas que consistieron en fincar un sistema para la prosperidad de pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. “En el caso de México, esta política económica para favorecer a la élite, comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En este periodo, todos los dogmas del neoliberalismo fueron adoptados de manera puntual y utilizados como parapeto para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia del país.” (No decir adiós a la esperanza, 2012).
Privatizaron casi todos los bienes de la Nación: en 5 años se enajenaron 251 empresas del sector público como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos; aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre; fábricas de tractores, automóviles y motores, de cemento, tubería, maquinaria, entre otras. Así como carreteras, tierras ejidales, aeropuertos, etc.
Dimensionemos lo grotesco que fue el traslado de bienes públicos a particulares con este ejemplo: “en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada con dos mil millones de dólares pero al finalizar aquel sexenio ya se habían incorporado a la lista 24 mexicanos más quienes en conjunto poseían 44 mil 100 millones de dólares.”
Para que sucediera lo anterior, cambiaron las leyes modificando el marco jurídico y adecuándolo para la rapiña. En las legislaciones del antiguo régimen nunca representaron a la gente, PRI y PAN votaron siempre en contra del pueblo, ocasión tras ocasión: “El 27 de junio de 1990 el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito; el 6 de enero de 1992, el PRI y el PAN, modificaron el artículo 27 constitucional para poner al mercado las tierras ejidales. El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la Ley Minera para entregar concesiones a particulares, hasta por 50 años, para la explotación del oro, la plata y el cobre; eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN aprobaron la reforma a una ley secundaria que a contrapelo de la Constitución, ha permitido a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento. El 12 mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los Ferrocarriles Nacionales de México y venderlos a empresas nacionales y extranjeras. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que entregó a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, la administración sin transparencia. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN , modificaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros.”
Todo lo anterior se hizo al amparo de la desinformación con una campaña propagandística en la que participaron “intelectuales y líderes de opinión” que repetían sin cesar ideas que podemos reducir en: es mejor lo privado a lo público. Este estamento del antiguo régimen situado por debajo de “la clase gobernante neoliberal” y de “los barones del dinero”, son sin duda de los más afectados por el gobierno de la Cuarta Transformación. La rapiña se acabó. En un gobierno democrático no se ocupan merolicos que repitan mentiras porque se escucha la opinión de la gente, porque es el pueblo el que manda.
Con el principio fundamental de por el bien de todos primero los pobres, se crean políticas y estrategias situando la vida de las personas como eje central. El bienestar del pueblo es el objetivo a lograr. Necesitamos tener memoria para seguir caminando y no volver a pisar el camino ya andado.
