El Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo es un gran logro para la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta decisión fue tomada por el pueblo de México a través de sus representantes en el Poder Legislativo, pues da cumplimiento al aval con el cual el constituyente permanente aprobó un paquete de reformas constitucionales y de aprobación de leyes el 26 de marzo de 2019 en el Congreso de la Unión y que posteriormente se realizó en los congresos estatales. El voto legislativo se realizó en consenso y fue emitido por unanimidad por todos los partidos políticos, después de que en ambas cámaras legislativas hubo sesiones de Parlamento abierto para escuchar las opiniones ciudadanas y académicas. 

A su vez, el Acuerdo va acorde al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en específico al objetivo “Repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas”. Ante ello, la participación complementaria que hace la Federación a través del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es necesaria mientras que se fortalece la Guardia Nacional, lo que da una oportunidad a los gobiernos locales de atender sus problemas de corrupción que se generaron en sexenios anteriores. Por ello, se observa el Decreto publicado es congruente con la política que distingue la administración por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la lucha contra la corrupción, la cual tiene también que ejercerse en el ámbito de seguridad. 

El decreto establece que los elementos castrenses participen, pero replanteando su papel en la seguridad, lo que implica que se utilicen sus fortalezas institucionales para enfrentar las debilidades de la seguridad pública mientras que se consolida la Guardia Nacional. En este sentido, no implica darles más atribuciones sino regularlas de mejor manera, pues les da un marco jurídico más estable, y para que puedan operar como primer respondiente dando cumplimiento al debido proceso y al respeto a los derechos humanos.

Ahora realizarán su participación en seguridad pública con apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y el Registro Nacional de Detenciones, instrumentos jurídicos que gobiernos anteriores nunca mostraron interés en conformar, puesto que se les ordenó salir a las calles para realizar tareas de apoyo en seguridad pública sin el marco jurídico adecuado, tan solo avaladas por la tesis jurisprudencial P/J36/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contraste, hoy, el Gobierno de México ha hecho un fidedigno esfuerzo en someter a derecho y dar certidumbre jurídica a las prerrogativas y limitantes que se le otorga a las Fuerzas Armadas como condicionantes en su participación complementaria en labores de seguridad pública.

Por ello no se está realizando una “militarización”, porque los elementos castrenses no solo operarán por menos de cuatro años y de forma complementaria, sino también de forma subordinada en todo momento a la autoridad civil que ejerce el mando único depositado enteramente en la figura presidencial. 

En dado caso, el término adecuado es una “federalización” de la seguridad, puesto que a partir de lo que indica el artículo 21 constitucional, el orden federal asume un papel en la seguridad pública, pero a través de la participación de las Fuerzas Armadas mientras que se fortalece la Guardia Nacional, responsabilidad que le corresponde en su mayoría a los gobiernos locales mediante sus policías, las cuales están colapsadas y en algunos casos infiltradas por el crimen organizado.