El 5 de junio se conmemoró el día mundial del medio ambiente. Este año su celebración estuvo acompañada de la pandemia, finalmente ambiental, ya que el Covid 19, como virus respiratorio es consecuencia de una zoonosis, es decir la trasmisión de un patógeno de animales a humanos, producto de su manipulación, por tráfico o consumo ilegal, en este caso originado en Wuhan, provincia de Hubei, China.

En México su recordatorio ha encendido un amplio debate entre el gobierno federal actual a través de la SEMARNAT y los representantes de sus organismos desconcentrados y descentralizados con una parte considerable de académicos, organizaciones ambientalistas y de exfuncionarios de administraciones federales anteriores. El encono mayor se manifiesta en La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), ya que a interpretación de este puñado considerable de exfuncionarios de primer nivel, hay una campaña deliberada de desmantelarla. Entre rumores y realidades de la disminución drástica de su presupuesto, la última, en una reducción del 75% en sus gastos de operación  y la posible pérdida adicional de cerca de 250 plazas de un convenio con PNUD vinculadas directamente a la CONANP, han enrarecido el ambiente.  

La verdad sea dicha, esto último es la puntilla de fuertes reducciones en los presupuestos del sector ambiental pero igualmente dicho estas reducciones no son exclusivas al sector, aplican al sector de agricultura y otros más –menos los esenciales–, o al menos no tan drásticamente como el educativo, el social y el de salud. 

Pero lo que realmente está en el debate de fondo y en eso creo que el titular de SEMARNAT tiene razón, es que hay visiones ideológicas contrapuestas de las formas de atender la causa ambiental. Para algunos la causa debe ser encabezada por científicos, ecólogos y biólogos capacitados y comprometidos con la naturaleza: ojo, no necesariamente con la sustentabilidad. En el abanico de opciones se encuentran en la extrema derecha muchos empresarios trasnochados convencidos de la “tragedia de los comunes de Hardin”, de que la conservación de la biodiversidad es algo muy serio para dejarlo en manos del gobierno o de los huarachudos campesinos; hay algunos más extremos que proponen expulsar a las comunidades rurales de sus territorios en pro de la conservación, algunos firmantes   de una de las declaraciones arriba mencionadas son fieles representantes de esta postura.

En el otro extremo se encuentra el movimiento zapatista que no desea “al mal gobierno” y apuesta por la autonomía territorial pero no claramente sustentable. En medio de estas opciones hay, en este crisol de idolologías y visiones de los   “exfuncionarios firmantes”, algunos con mínima trayectoria ambiental, pero con parentescos suficientes,  para  servirse en su momento  con “la cuchara grande” y como funcionarios se gastaban en una comida el magro presupuesto de la oficina de un área protegida de varios meses, o bien usaban las ANP,s como espacios de disfrute y parranda por encima de los reglamentos vigentes. Ahora ¡están indignados! (hay testimonios de lo dicho por personal de la CONANP), eso sin considerar actitudes de verdadero racismo y discriminación social.  

En algún momento fui considerado para dirigir la CONANP, una querida amiga, (para mí lo sigue siendo ) me dijo: “Tu no puedes encabezar la Comisión porque tu no vas a cuidar las Águilas”, en mi asombro le alcancé a decir: Yo me encargaré de apoyar a quienes cuidan a las Águilas, a los campesinos que viven en sus territorios.

He aquí el centro de mi planteamiento por lo que quiero distraerlos a una argumentación ética, epistemológica y política del por qué en la conservación de nuestro patrimonio natural es sobre todo imperativo darle una perspectiva social y que nos saque de un falso debate de exclusión/inclusión y de áreas naturales protegidas como la vía única o la más relevante de la conservación en el territorio nacional. En efecto no podemos olvidar que 95 % del territorio mexicano tiene dueño. Los espacios naturales están repartidos entre la propiedad social; comunidades indígenas;  ejidos; concesionarios de humedales y zonas de pesca en un 65 % y en un 35% de propietarios privados que tienen es su mayoría prácticas asociativas, algunas vinculadas a la conservación de patrimonio bajo manejo como las Unidades de Manejo de Vida Silvestre conocidas como UMAS y grandes extensiones de bosques y selvas conservadas y manejados adecuadamente, igualmente por comunidades y ejidos en propiedad social que prestan valiosos servicios ambientales, por eso ambas visiones  son necesarias y afortunadamente complementarias. 

Los costarricenses lo entendieron bien y su política ambiental va mucho más allá de las ANPs e incluye muchas otras categorías y formas de manejo como por ejemplo los corredores biológicos. Las reservas comunitarias, pero también esfuerzos privados, estatales, municipales y de la cooperación multilateral son necesarios.  

En El Soberano hemos aprendido a ser sintéticos en nuestros escritos seguros de que así lograremos mayor atención de nuestros lectores y lectoras. Espero lograr el espacio para profundizar en mis reflexiones sobre la perspectiva social de la conservación de la naturaleza y compartirlas en las siguientes entregas.