No deja de llamar la atención pero también preocupa lo que pasó con Giovanni porque no es un caso extraño para los y las jaliscienses. Aquí conocemos bien de la impunidad y de los constantes abusos de la autoridad y la violencia que se vive día con día. Quedó agotado el relato que ofreció el gobernador para explicar el caso de Giovanni y de los abusos durante las pasadas protestas.

Después de la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón el relato que criminaliza constantemente a la juventud como delincuentes también quedó agotado, aquel donde cualquier víctima de desaparición forzada o asesinato a manos de las Fuerzas Armadas era daño colateral o el conocido “en algo andaban” que terminó rápido por evidenciarse como una retórica vacía y bastante fascista que sólo buscaba justificar el desastre de dicha política. 

Pasó igual durante el sexenio de Peña Nieto cuando después del caso Ayotzinapa o tras cada tragedia que indignaba a la población por la pobre respuesta del gobierno terminaba siendo solapada con una verdad a medias o por un carpetazo que no daba atención a las víctimas y que hacía del Estado el aparato que solo obstaculizaba cualquier proceso de justicia con tal de no demostrar que estaban sobrepasados y sin idea de lo que estaban haciendo, también sin sensibilidad para encontrar mejores medios para resolver el desastre de país que teníamos. 

Parte del discurso que mantuvo el estado durante la era neoliberal se concentró en criminalizar a las víctimas tras el abandono ante la violencia y la impunidad. Ese discurso se está modificando en el gobierno federal pero no se ha logrado transformar en algunos gobiernos locales. Es parte de la tradición conservadora que ha institucionalizado la ineptitud del gobierno como forma de gobernar. 

La herencia sangrienta en México ha dejado una gran herida que sigue abierta. El pueblo ha transitado a la exigencia de ese piso mínimo de atención a la impunidad. Sigue siendo un tema que requiere de gran sensibilidad por parte de las autoridades. Ese relato de culpar ante todo al crimen organizado ha sido condenado para la población porque no ha logrado justificar las grandes fallas del actuar por parte del Estado. 

Seis días de protestas valieron en Jalisco para que las autoridades encargadas de investigar el caso de Giovanni se movilizaran para hacer lo que les corresponde. Después de un mes de no dar indicios ni respuesta a sus familiares hizo falta la movilización popular para que la autoridad fuera sacudida.

Esas protestas también evidenciaron aún más las fallas del gobierno, las fallas en el liderazgo del gobernador, las fallas en el funcionamiento de la fiscalía del estado y sobre todo quedó agotado ese relato de la autoridad que quiso hacer pasar por cierto. Así como las miles de veces que Enrique Alfaro salía a regañar a la población por algún error en su gobierno, ahora, con algo realmente indignante, algo que a un amplio sector de la población identificó y molestó –hablo de la afrenta del gobernador y su versión de los hechos–, quedó agotada y sobre todo demostrada, tanto como él como sus palabras, como insensibles e injustos.