El 2018, sin duda, ha quedado en los anales de la historia. Marcará la fecha en que millones de mexicanas y mexicanos salieron a las urnas sin miedo, con la esperanza recuperada, con ilusiones, con el hartazgo hacia un régimen que los invisibilizaba. Depositaron en un personaje de época la responsabilidad de transformar el país; no solo le dieron el voto, sino su acompañamiento. Andrés Manuel López Obrador se convertía en el Presidente de México con más votos en la historia moderna, lo que representa la mayor legitimidad y la compañía permanente del pueblo.
Las elecciones de aquel año no fueron solo sobre ir a votar; había un enfrentamiento contra una estructura bien cimentada que imposibilitaba todo intento de cambio. El Instituto Nacional Electoral (INE) carecía de toda credibilidad institucional; un año antes, en el Estado de México había demostrado la vulnerabilidad del sistema encargado de garantizar elecciones libres y la facilidad con que el régimen burlaba la ley y establecía condiciones a modo para los procesos electorales. Por supuesto, estaban los antecedentes lamentables del 2006 y 2012, cuando este instituto legitimó dos de los procesos más fraudulentos en la historia, y avaló todos y cada uno de los elementos que permitieron el fraude -la compra de votos, el desvió de recursos, las campañas de desprestigio, el uso de programas sociales para fines electorales, etc. El INE, destinado a ser garante de la democracia se convertía en su enterrador; sin embargo, y a pesar de ello, el vuelco de la ciudadanía en las urnas en el 2018 imposibilitó cualquier intento de dañar la voluntad popular.
No solo se trataba de superar el obstáculo que representaba el Instituto, sino de los poderes facticos que veían en el proyecto encabezado por López Obrador un peligro para sus intereses. Hubo entonces presión por parte de cierto sector empresarial (el mismo que hoy llama al golpe), de las cadenas informativas y, por supuesto, de la oligarquía mexicana que veía la posibilidad real de perder sus privilegios, emanados de la corrupción política con que se manejaba el gobierno de este país. Incluso el clero mexicano, violando todo ordenamiento jurídico, se pronunciaba en contra del proyecto obradorista. Aun así, no fue suficiente. Con todas las amenazas recibidas, el golpeteo mediático constantes, la violencia sistematizada de un estado acostumbrado al despilfarro de recursos, la población tomó la decisión de salir a votar y ejercer libremente su derecho de elegir un destino diferente para todos y todas.
Han pasado dos años desde que el ahora Presidente hablase desde el Zócalo de la Ciudad de México, capital política de la nación, y arropado por la multitud, comenzase el camino de la reconstrucción de este país, el cual había aguantado con el cuchillo entre los dientes los embates de un neoliberalismo a la mexicana, doblemente “pinche” como dijera Paco Ignacio Taibo II. Hay mucho por hacer todavía, no hay duda. El Estado Mexicano estaba diseñado para ser garante de los privilegios de una clase que se alzaba sobre los intereses de la nación. Había que empezar por darle un sentido de utilidad a las instituciones, cerrar la llave de la corrupción que tanto daño le ha hecho a este país y cortar el cordón umbilical con el que se alimentaba los grandes negocios al amparo del poder. Estos cambios han traído el odio del sector más reaccionario que ve en el movimiento abanderado por López Obrador la voluntad del pueblo por terminar, de una vez por todas, con ese antiguo régimen.
Han pasado dos años del triunfo y seguimos sonriendo.
