No hay sorpresas en el caso Lozoya

En México no estamos acostumbrados a la justicia, al menos no a la institucional. Los actos en los que el aparato judicial funciona correctamente nos son ajenos, sobre todo cuando las o los acusados son personas de alto perfil, comúnmente pertenecientes a la clase política. Estamos habituados a las “cajas chinas” o cortinas de humo, a las persecuciones estelares y a las capturas de “criminales” involucrados en casos mediáticos, filmadas y transmitidas al estilo de película hollywoodense, y a la puesta en escena de los sacrificios de chivos expiatorios cuyos procesos conocemos de sobra y que siempre terminan en la absolución de los implicados, ya sea  por falta de pruebas o por errores en la integración de sus expedientes.

Lo anterior lo tiene asumido la recién desplazada clase política, pues fueron ellos los creadores.  Saben que tenemos una predisposición al escepticismo y una falta de confianza en las instituciones que también ellos se encargaron de construir y de deslegitimar. En el caso Lozoya han intentado construir una post verdad calcada a imagen y semejanza de lo que ellos, en el lugar del gobierno actual, hubieran hecho. Su discurso se ha encargado de repetir hasta el cansancio que la extradición y las declaraciones de Lozoya son simplemente un distractor para tapar los “fatídicos errores” que ellos consideran ha cometido el Gobierno, y que obedece a la agenda electoral. Aunque en el juego de la política nada es coincidencia, en este proceso no hay as bajo la manga, no hay sorpresas, no hay ocurrencias de último minuto. 

Cuando en mayo de 2018 el Presidente Andrés Manuel era todavía candidato, con franqueza declaró en una mesa de diálogo que, de resultar favorecido en las elecciones, su Gobierno no haría persecuciones estelares, no habría detenciones hechas al aire para legitimarse (no lo necesitaría), pero que serían tres los casos en que se comprometía a hacer todo lo posible dentro de lo que le competería su cargo para que se esclarecieran: Ayotzinapa, Odebrecht y PEMEX. Los involucrados no tardaron en salir del país y manejar un perfil bajo. Pese a esto, los antiguos afines y aplaudidores a las políticas implementadas por los ahora señalados insisten en su discurso conspirativo y apelan al justificado escepticismo de las y los mexicanos para tratar de convencer de que se trata del mismo circo de siempre, que todo es igual, que esa justicia es algo que no nos afecta a nivel individual (también llamando al individualismo egoísta), y que –a pesar de todo- estábamos mejor cuando gobernaban esos corruptos; en fin, un discurso mediocre por no decir lo más. 

Quizás las y los mexicanos no estamos acostumbrados a la justicia, pero eso no significa que no la queramos, que no haya deseo de vivir en un auténtico Estado de Derecho. La gente se da cuenta que quienes se cuelgan del reclamo popular para exigirlo ahora claman, en realidad, el regreso a su Estado de Derecho, construido por ellos y por sus allegados, en el cual podían navegar impunemente. Les parece poco que México haya sido uno de los dos países de Latinoamérica sin detenidos por el caso Odebrecht; insisten en decir que en ese tiempo, las cosas eran mejores.

Para quienes apoyamos el cambio existen expectativas altas puestas en la justicia en tiempos de la 4T. El caso Lozoya, ya al descubierto, debe de llegar hasta las últimas consecuencias, toque a quien toque.

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