Desde que se declaró el 11 de marzo de este año la emergencia sanitaria por la infección de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los distintos gobiernos del mundo comenzaron a adoptar diferentes estrategias para mitigar los efectos que implicaba este nuevo virus. Dichas medidas han incluido el distanciamiento social, el cierre de diferentes elementos del espacio público, el llamado a lavarse las manos constantemente, el uso de alcohol en gel y modificar distintas conductas de interacción entre nosotros.
En estos meses de pandemia, ha quedado claro que ningún país se encontraba totalmente preparado para un problema de salud público de este tamaño y por lo mismo, eso ha complicado el panorama de la forma de intentar mitigar los daños no sólo económicos sino sociales derivados de la pandemia. Cada país ha optado, de acuerdo con sus condiciones políticas, económicas y sociales, por las medidas que le permiten conducir de la mejor manera a su población, con el objetivo de anteponer el bienestar social al bienestar económico. Debido a esto, el forcejeo político en cada país ha sido distinto, al igual que sus estrategias sanitarias.
Las estrategias han ido desde un cierre total, como en China, hasta permitir que toda actividad permaneciera abierta, como el caso de Suecia. Esto ha generado opiniones contradictorias y una cantidad de información que llega a ser abrumadora, en la que lo único que es claro es que las recomendaciones generales son eso: recomendaciones.
En nuestro país, las medidas han sido dirigidas por la Secretaría de Salud con el Secretario de Salud al frente, junto con el Consejo de Salubridad y un equipo de especialistas por parte del CONACyT, quienes han ideado una estrategia que se concentra no sólo en el individuo, sino en la comunidad y esto les ha valido una serie de críticas con una carga evidentemente política, pero con escaso rigor científico. Desde cierto sector de la vida pública, el principal interés en la pandemia no ha sido el bienestar de la población, sino desprestigiar de todas las maneras posibles el trabajo hecho por el gobierno y los especialistas en salud. Desde insistir en que no se hacen las pruebas necesarias, el generar una narrativa contraria a los datos de la pandemia, montar la campaña de que los cubrebocas son la forma de que esto se acabe, sin aportar una sola prueba que realmente exhiba lo que sí exhibe el vocero de dicha estrategia, el Dr. Gatell: conocimiento, técnica y rigor en el manejo de la epidemia. Nuestro país atraviesa una transformación y con ella ha quedado claro que los neoliberales dejaron a su paso cuando gobernaron un estado decadente.
Mucho se habla de la falta de pruebas, pero poco se menciona el esfuerzo de lograr una reconversión hospitalaria efectiva, la culminación de distintos hospitales que antes solo sirvieron como una forma de desvío de recursos, la contratación de miles especialistas de salud para atender esta crisis mundial, la apertura al diálogo todos los días con una conferencia y la disposición de los datos de forma abierta; además cabe destacar que este plan ha estado coordinado con otras secretarías de estado y distintas personas especialistas para tener un manejo mucho más integral . Y en ese tenor no han faltado las protestas y desacuerdos de algunos gobernadores que hoy piden la renuncia de Hugo López Gatell, porque evidentemente ya no se opera bajo las reglas del viejo sistema: gobernadores que han manejado (ellos sí) realmente mal la pandemia, desde pedir cerrar antes de que fuera recomendable,¿? demandar más recursos, especular con insumos médicos o simplemente omitir todas las recomendaciones técnicas y científicas, porque contrario a lo planteado por la Secretaria de Salud donde no se han impuesto medidas a la fuerza, algunos gobernadores no han tenido escrúpulos y sí han violado los derechos humanos. Por todo ello, desde El Soberano hacemos un llamado a que los 8 gobernadores que hoy piden la renuncia del subsecretario López-Gatell, sean realmente los que dejen su cargo por el mal manejo de la crisis, poniendo en peligro la vida de sus gobernados.
Firman:
Arturo Ávila, Aida Hernández Gutiérrez, Alejandro Lerma Alejandro Olivares, Alejandro Puerto, Alfonso Flores Durón y Enciso, Andrés Páez Díaz Infante, Arturo García Pérez, Ce-Acatl Hernández Mora, Claudia Eréndira Bustos Solis, Cristopher Echenique, Daniel Torres, David Lozano Ceballos, Diego del Bosque, Diego Mejía, Dolores Peña, Elisa Godínez, Erika Lizbeth Murillo Covarrubias, Fernando Chacón, Fernando Francisco Santos, Guillermo Paul Furlong Gómez, Guillermo Villarreal, Héctor Renato Salazar Ponce de León, Horacio Franco, Isela Ibarra, Jazmín Guadalupe Tejeda Olán, Jenner Torrez Vázquez, Jose Hiram Torres Salcedo, Julio Aibar, Katu Arkonada, Lilia Verónica Lomelí Rodríguez, Lizbeth Gutiérrez Obeso, Lourdes Amparo Herrera Rocha, Ma. Elena Rodriguez Guajardo, Manuel Valdovinos Enriquez, Marco Antonio Romero Sarabia, Marcos Godínez Pérez, María de la Luz Cuevas Lua, Maria del Rosario Rios Rosas, María Herrera Carrillo, Mario Solís Martínez, Martha Cajigas Heredia, Mercurio Cadena, Minerva Franco Salazar, Óscar González Ramírez, Pedro Alvarez Icaza, Renata Turrent H., Ricardo García Lozano, Roberto Tejeda Olán, Rodrigo García Reséndiz, Sandra Zepeda, Sofía Lameiro Díaz, Víctor Aramburu Cano, Zianya Martínez.
