La Secretaría de la Función Pública define a la corrupción como “el abuso del poder para beneficio propio”. A pesar de su sencillez conceptual, este problema es uno de los más graves del país, y los datos lo corroboran: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, en 2017 la corrupción en trámites y servicios ascendió a 7 mil 200 millones de pesos. Esto equivale, por ejemplo, a poco más de 4 veces el presupuesto total de la Alcaldía La Magdalena Contreras en 2019. Y esto, insisto, sólo da cuenta de la corrupción en trámites y servicios; quedan fuera de la comparación ámbitos tan vastos en términos presupuestales como la contratación pública.
La opinión pública también considera a la corrupción como un problema de gravedad: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del periodo 2011-2019 reveló que este asunto ocupa consistentemente los primeros lugares entre las preocupaciones del Pueblo de México.
Como todo problema complejo, las propuestas y acciones para solucionarlo deben considerar muchas variables. Hasta ahora, la política anticorrupción en México ha agrupado algunas de estas variables bajo una perspectiva muy institucional: incentivos económicos, evaluación (sobre todo cuantitativa) de procedimientos, política pública, planes, programas y sujetos orgánicos. Si bien falta todavía poner en práctica muchas de estas medidas (alojadas, mayoritariamente, en el relativamente nuevo Sistema Nacional Anticorrupción), esto cubre una parte importante de la ecuación.
Sin embargo, hace falta desarrollar, simultáneamente, una política anticorrupción que tenga una perspectiva mucho más política. Se trata de la construcción de un sujeto: el servidor y la servidora pública obradorista. Este sujeto debe poseer una praxis política ejemplar, en los términos de los valores de nuestro movimiento. Es una persona que, por hábito, por discurso y por identificación, no miente, no roba y no traiciona al Pueblo de México.
Lejos de contraponerse, ambas perspectivas se nutren: un contexto institucional que promueva valores obradoristas facilita la conformación y consolidación del sujeto político. A su vez, los hábitos del sujeto político asientan la vida orgánica y procedimental de las instituciones. La legitimidad política nutre a la legitimidad institucional, y viceversa. El problema se da cuando falta alguna de las dos: política sin institucionalidad es incapaz de transformarse en régimen; institucionalidad sin política es incapaz de servir al Pueblo en un sentido muy concreto: su potencia no tiene por qué responder a intereses y deseos mayoritarios.
Este segundo proyecto, el del cultivo del servidor y la servidora pública obradorista, es el que tiene en mente el Presidente cuando habla de barrer las escaleras de arriba hacia abajo (que, en el fondo, es una metáfora para el ejemplo) y cuando afirma, contundente, que él prefiere personas honestas antes que poseedoras de holgura técnica para ser servidores y servidoras públicas. La técnica la aprende cualquiera, pero la honestidad requiere una mística especial cuyo cultivo supone un trabajo concreto; un trabajo que es distinto al de sólo rodear a la gente de incentivos positivos.
