Recientemente, algunos gobernadores autonombrados de “la Alianza Federalista” hicieron apariciones en medios de comunicación, principalmente en la prensa fifí, donde demandaban al Presidente Andrés Manuel López Obrador una repartición equitativa de recursos. El llamado “diplomático” no fue por ninguna vía institucional sino por la propaganda de sus reuniones públicas.
Por contradictorio que parezca, con conocimiento de los gobernadores, la última palabra para la repartición de los recursos del presupuesto la tiene la Cámara de Diputados, y no el Presidente; a quien acusan de ser el responsable de la “falta de autonomía” de la cámara baja.
Llama la atención que el pretexto de la comitiva fue el arreglo fiscal, mismo que algunos votaron a favor durante el sexenio de Calderón -motivo por el cual fue un acto “incongruente” como lo dijo el Presidente-. Entre las peticiones sobre las carencias de los estados, mencionaron los gastos extraordinarios para la atención de Covid-19, incluso cuando meses atrás, los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León anunciaron que renunciarían a los apoyos federales en el rubro de salud. Por su parte, los mandatarios de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila (también participes de la alianza federalista) aun cuando cuentan con el apoyo del IMSS, han sido protagonistas en diversos episodios de confrontación con el gobierno de la Cuarta Transformación. Un claro ejemplo es el gobernador de Chihuahua y su irresponsable uso político del agua, o el gobernador de Michoacán quien abiertamente se entrometió en asuntos internos de Estados Unidos, violando la máxima de la diplomacia mexicana “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
En Michoacán, sede de la última reunión de la alianza, se les observaba cómodamente desde un sillón anunciando la consulta popular para que la ciudadanía votara la permanencia de los estados en el pacto fiscal, mientras que Chihuahua pasaba a rojo en el semáforo epidemiológico de Covid-19 y en Jalisco se generó un caos vial por el botón de emergencia (que se activó por las medidas coercitivas del estado, acotando los tiempos de traslado y generando aglomeraciones en transporte público). Lo más grave es que estas medidas y descuidos por parte de los gobiernos estatales no son resultado de estrategias probadas sino de un afán casi suicida en hacer y decir exactamente lo contrario al gobierno de la Cuarta Transformación, aun cuando haya vidas de por medio. La prueba quizá más dolorosa fue en Guanajuato, donde el gobierno bloqueó el apoyo y coordinación de la Guardia Nacional y tuvo que reconocer, meses después, que la violencia era incontrolable y la presencia del mando desde el ejecutivo, más que necesaria.
Aunque cada uno de los estados tenga sus tiempos y particularidades, el trasfondo no obedece solo a la política local. En Chihuahua, el actual gobernador está preparando a su sucesor pero también ganando terreno al interior del Partido Acción Nacional. Si logra dejar a Gustavo A. Madero primero como candidato y luego, en un escenario poco posible, como gobernador, habrá logrado consolidarse como una fuerza preponderante al interior. Incluso cuando no sea del mismo equipo del presidente de su partido, se hará un actor necesario. En el caso de Jalisco, Alfaro -quien ha gastado como nadie en publicidad a nivel nacional- todavía apuesta a crear una narrativa opuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en represión, “mano dura” y alineada a los intereses de los grupos de poder. En Michoacán, Silvano -a estas alturas- sólo podrá aspirar a dejar como candidato de oposición a su hermano, quien tendrá que ser apoyado por todos los que no encuentren en coalición con morena y así podrá seguir administrando la pérdida de registro del casi extinto Partido de la Revolución Democrática.
Sin embargo, la similitud entre unos y otros de los integrantes de la Alianza no es precisamente tener mucho o poco que perder, sino crear una plataforma para una oposición que sí pueda ser electoral y no solo comunicativa. Por ejemplo, Anaya (quien regresó un año tarde después de la derrota de 2018) no ha logrado consolidarse como un actor nacional de oposición; el alcance en redes sociales no le ha sido suficiente para ganar en territorio, por lo cual seguramente ya estará apartando su lugar en la lista plurinominal del PAN para ser diputado federal. A diferencia de él, la Alianza tiene los ojos puestos en lograr posicionar a un actor con poca, pero existente, base fuera de su estado como principal opositor al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por el contrario, hoy algunos virtuales candidatos y candidatas de morena a las gubernaturas de los estados han anunciado en seguir los pasos de la gestión de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal. Esta propuesta se ha recibido con ánimo, sobre todo en aquellas entidades donde la democracia no ha llegado del todo. Quizás si los gobernadores de la Alianza se concentraran en gobernar harían de su gestión la mejor campaña publicitaria; sin embargo los intereses y la ambición es mucha y la vocación de servicio es poca, por lo que seguramente tendremos que ver muchos actos más de irresponsabilidad en sus estados antes que se logre transformar de fondo la vida pública de los mismos.
El duelo federalista no es precisamente contra el Presidente, quien les ha aconsejado recurrir a las reformas constitucionales para cambiar aquello que consideren injusto. Por el momento el duelo es al interior, es decir, quien logrará aglutinar por lo menos en 2021 a las fuerzas opositoras; contrario a lo que dicen, no apuestan por el cambio de régimen presidencial hacia uno distinto, sino por quién será el rostro al que se apostarán los diversos esfuerzos que hoy se encuentran aislados, como FRENAA o la copia pinochetista de “Sí México”. Por ello, no es solo necesario sino urgente profundizar el movimiento regeneración nacional y organizar al Obradorismo.
