La política anticorrupción del gobierno debe ser tan clara y contundente como sea posible. El pueblo entiende que las cosas pueden salir mal y que la corrupción está muy arraigada; lo que no perdona, y con justa razón, es la impunidad detrás de casos claros.

Romper con la percepción de impunidad es igual de importante que prevenir la corrupción. El obradorismo debe asimilar esto y esforzarse no sólo por evitar que la corrupción suceda, sino también por sancionar siempre que corresponda, aunque suceda en casa. ¡Sobre todo si sucede en casa! Esto es una pieza clave en la traducción de nuestra narrativa a acciones y hábitos claros de gobierno.

Por eso es que el Presidente remite siempre a las investigaciones cuando surgen sospechas relevantes. Si de las investigaciones por las instancias correspondientes se comprueba la comisión de algún delito o ilícito administrativo, la ley debe aplicarse.

Esto consolida el mensaje que Andrés Manuel manda incesantemente a través de los medios de comunicación. Decir que hay que barrer de arriba para abajo, y luego tomarse en serio el acto de barrer, genera comunicación completa: vemos en actos lo que se nos dice en el discurso, como hasta ahora ha sucedido. Esto es fundamental, sobre todo en un tema tan delicado como éste.

La institucionalización del no robar, no mentir y no traicionar al pueblo supone respuestas claras para quienes deciden ir en contra de los tres principios torales del obradorismo.