De nueva cuenta la y los gobernadores de algunos estados del país -sobre todo los que componen la “alianza federalista”-, junto con sus legisladores aliados, han salido a expresar su inconformidad por el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 debido a la disminución de recursos destinados para la administración de las entidades gobernadas por ellos. Otra vez, han intentado voltear la opinión pública en contra del gobierno federal, argumentando que el recorte es una injusticia porque sus entidades son las que más aportan al PIB nacional (parcialmente falso), y más ruin aún es cuando siembran encono entre la población diciendo que el gobierno federal les está quitando recursos para regalárselo a los “flojos” o al sureste; dos aseveraciones completamente falsas pero que logran atrapar muy bien a gente que ya viene con ciertos prejuicios clasistas y racistas.
Lo que se les olvida explicar es que el recorte se hace en ciertos ramos y rubros, como en el atinadamente desaparecido ramo de los moches, que usaban a discreción y cuya extinción les cayó como balde de agua fría. También se les olvida explicar que el recorte es para el presupuesto que las entidades ejercen de forma autónoma, pero que no significa el 100% del presupuesto destinado a atender las necesidades de la población, como en el caso de los programas sociales (que al parecer en todos los estados supera al propio presupuesto de la entidad destinado para el mismo fin).
Hablando de programas sociales, la Secretaría de Bienestar es el más revelador ejemplo que ha dado el presidente de cómo sí se puede hacer más con menos, pero eso conlleva un ajuste en todos los niveles burocráticos, ajuste al que la y los gobernadores referidos no están dispuestos a someterse pues no piensan renunciar a los halagos por los que pagan en la prensa local, al transporte aéreo, a las decenas de asistentes y a toda la parafernalia que adorna al poder al estilo de la vieja política. Sólo para ilustrar, en 2019 la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora tuvo un sobre gasto de más de 200% de lo autorizado en comunicación y publicidad; para dar a conocer las obras del gobierno se destinaron poco más de 158 millones de pesos, lo equivalente a un año de pensión como las de Bienestar de casi 10 mil personas adultas mayores, eso sin sumar los 437.6 mdp gastados en “otros servicios generales”. ¿Hacer sacrificios por la gente de sus estados? Ni que estuvieran locos, seguirán pidiendo y exigiendo que el gobierno federal les autorice dinero sin que la razón les atienda, sin entender que estamos en medio de una pandemia, de un escenario atípico y sin contemplar que en el país no se subieron los impuestos y tampoco se contrajo deuda, lo que sí se hizo fue invertir en lo que apremia.
Exigen recursos como si los supieran administrar, como si tuvieran a sus estados en condiciones óptimas, como si no tuvieran que recurrir al gobierno federal cada vez que la situación se les desborda. Para otro ejemplo está Corral, gobernador de Chihuahua, muy demandante, pero en 5 años no ha sido capaz de concluir el Hospital de Especialidades y Cancerología de Ciudad Juárez, pese a que se lo entregaron adelantado.
