El destino favorito de muchas y muchos, caracterizado por sus festivales musicales, por ser punto de encuentro de culturas y una de las ciudades mayas más icónicas de la península, ha sido hasta hace poco el ejemplo de (como dice el Secretario Miguel Torruco) convivencia entre “Infiernos de marginación con paraísos turísticos”.

El ejido de Cobá, a escasos 40 kilómetros del Pueblo Mágico de Tulum, alberga una de las zonas arqueológicas más importantes y, a su vez, una de las mayores reservas culturales del país. Dada su ubicación y relevancia se ha convertido en un centro político y de toma de decisiones que influye en toda la región. 

Durante el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas (en este sitio particularmente), acudieron grupos con diversos intereses como el medio ambiente o la cultura. Estos, cabe resaltar, si bien tenían algún vínculo laboral o de activismo, no eran sujetos de derecho a la consulta por no ser reconocidos por la comunidad.

El destino turístico de Tulum se convirtió, poco a poco, en el hogar de varios grupos extranjeros que aportaron en gran medida a la transculturización. De ser centro de una de las culturas más antiguas que en la historia de la humanidad como el pueblo maya, gradualmente se han ido incluyendo elementos, símbolos y formas de vida ajenas a la cosmovisión maya. Es común encontrar prácticas y costumbres de la cultura hindú que se hacen notar en los eventos, productos y servicios relacionados al turismo, que también paulatinamente se han mezclado a las formas de vida de las comunidades. Este fenómeno, si relacionado con el turismo, pero también con la migración y búsqueda de mejores formas de vida, trajo consigo la creencia de que estos grupos tenían algún tipo de legitimidad en el proceso de consulta, libre, previa e informada a las comunidades. Si bien en el mejor de los casos adquirieron la denominación de “avecindados” no les hacía ser sujetos de consulta, aunque no se les negaba la posibilidad de asistir a las reuniones informativas al igual que cualquier ciudadano. 

Las diferencias en cuanto a intereses eran abismales. Mientras estos nuevos residentes tenían la posibilidad de comunicar por medios electrónicos su preocupación por los pasos del Tren Maya en la selva, los pobladores originarios años antes habían tenido que “pasar la máquina” por la selva al no tener vías de comunicación para acudir a los servicios de salud en caso de emergencia o de educación media superior que estaba a varios kilómetros de la comunidad. Sin menospreciar la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, las personas sujetas de derecho a consulta habían tenido que resolver la urgencia de movilidad por sus propios medios con toda conciencia de lo que significaba abrir paso en la selva. 

El tramo de Tulum-Cobá tiene, en su mayoría, afluencia de trabajadores y trabajadoras dedicados al turismo. Entre lunes y martes por la mañana regresan de sus lugares de origen a sus sitios de trabajo por esta vía; sin embargo, por la falta de planeación urbana pensada en las personas y no en los autos particulares, hay tramos donde la banqueta es inexistente, desfilan las y los trabajadores a la orilla de la carretera sin medidas de seguridad. 

El proceso de consulta libre, previa e informada en este sitio fue particularmente demostrativo de las visiones e intereses alrededor del Tren Maya. Mientras los nuevos avecindados se dedicaban a festivales o al arte, las comunidades indígenas estaban resolviendo lo más fundamental, la mayoría convencidos de que el turismo es una oportunidad de preservación del medio ambiente, desarrollo económico y reencuentro cultural. Han tomado conciencia de la necesidad de hacer el proceso de planeación de acuerdo a las necesidades y cosmovisión indígenas.

Las preocupaciones principales tornaban en cuanto a servicios básicos y movilidad, ya que, hasta el momento por la ausencia del Estado imperaba la anarquía en la planeación lo que causó que el mercado y el coyotaje en la compra de terrenos ejidales hicieran al patrimonio inaccesible para las personas. En sentido jurídico, este grupo de derechos negados históricamente por el Estado forman parte de los llamados DESCA (derechos económicos, sociales y culturales) siendo como casi otros territorios indígenas las principales demandas de los pueblos originarios y comunidades indígenas.  

Como es de conocimiento, uno de los principales atractivos de México y de la península son los destinos llamados de “sol y playa”, y convierten a Tulum en un Pueblo Mágico privilegiado por su playa turquesa y la zona arqueológica con su cultura viva. Sin embargo, al paso de los años este patrimonio fue cooptado por unos cuantos. Por paradójico que pareciera, una demanda recurrente fue el acceso al mar, personas con viviendas a 700 metros del mar tenían prohibido pasar, por lo que impidió que conocieran el mismo. 

Si el acceso al mar fuera un derecho humano, como lo ha planteado Evo Morales, Tulum había sido ejemplo de violación al mismo, pero este fenómeno de desigualdad y gandallismo no ha sido de interés de ningún grupo ambientalista, ya que en su mayoría, por su posición económica están en la posibilidad de pagar el acceso al mismo, motivo por el cual esta urgente injusticia no se había visibilizado. 

Afortunadamente, el proceso de consulta libre, previa e informada del Tren Maya abrió la caja de pandora de este y otros temas que los gobiernos neoliberales conocían pero ignoraban, negando sistemáticamente el derecho a lo que les correspondía a las comunidades, para así hoy cumplir con el mandato constitucional del uso y disfrute de los lugares que habitan. 

Retomando la experiencia internacional, como dijo Evo: “los mares son para los pueblos, parte de una comunidad de equilibrios, no se pueden limitar solo a una sola nación. No se debe privar a un país, a ningún hombre o mujer del mar. Nuestro reencuentro con el mar no solo es posible sino inevitable”.