Sergio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Carla Rochin Nieto, Coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República, por considerarse que hubo inclumplimiento por omisión de las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías, en relación al incendio de la Guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que murieron 49 bebés en el 2009.
Hace cuatro años, 19 personas de los tres niveles de gobierno fueron sentenciadas por el Juez Primero de Distrito del estado de Sonora a varios años de prisión, sin embargo, todas las sentencias fueron apeladas y no han sido resueltas por ninguna instancia judicial. Fue hasta el 2018 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abstrajo el caso, mismo que actualmente se encuentra turnado a las ponencias de los ministros Jorge Mario pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara.
Vale la pena recordar que en su momento, el actual presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar presentó un proyecto al pleno en el cual afirmaba la existencia de responsabilidad de altos funcionarios como el entonces gobernador de Hermosillo, Eduardo Bours y Daniel Karam, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el proyecto fue rechazado por sus compañeros ministros
A principios del presente año, el IMSS presentó una denuncia de hechos en la cual se involucraba a funcionarios de alto nivel de la misma institución, misma que motivó el ejercicio de acción penal contra dichos funcionarios por parte del Ministerio Público Federal. En este sentido, la Fiscalía General de la República afirma que el incendio se pudo haber evitado, o al menos se pudo haber minimizado el riesgo de que este ocurriera si los funcionarios no hubieran incurrido en las omisiones por las cuales se les señala.
Las primeras audiencias fueron celebradas el 13 y 18 de noviembre del presente año. Una vez desahogados los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de los imputados, el juez que conoció del caso, resolvió vincular a proceso a los dos funcionarios en virtud de su posible responsabilidad por los delitos de lesiones y homicidios culposos por omisión. Del mismo modo dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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