Hace unos días, se aprobó en el Senado de la República el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. El proyecto de Ley fue votado por 82 senadores a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La noticia se puede apreciar desde muchos puntos de vista: desde el derecho consumidores, desde la justicia social agraria, desde salud pública, etc. Sin embargo, para fines de este artículo nos interesa abordar la noticia desde un enfoque muy concreto: la justicia transicional.
Antes de continuar, hay que aclarar que aún es un proyecto de ley cuyo dictamen acaba de llegar a la Cámara de Diputados y falta dar seguimiento al curso que ahí tomará. Sin embargo, conscientes de que muchas cosas pueden cambiar aún, vale la pena hacer un alto en el camino y entender qué se pone a debate y qué se juega con esta ley.
Uno de los triunfos de este proyecto es la nueva narrativa que se propone; es decir: por primera se reconoce que la guerra contra las drogas y la política prohibicionista fracasaron y en cambio se plantea un nuevo paradigma para atender el tema.
Senadores de todos los partidos vertieron argumentos en este sentido. De tal forma, el triunfo (parcial) de este es un mecanismo más que se puede considerar -como la Ley de amnistía, la Comisión Presidencial para el tema de Ayotzinapa y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro- parte de una estrategia más amplia de justicia transicional, que aunque no es común que se nombre así en este sexenio, lo que busca es con nuevas respuestas acabar con problemas de violencia y de justicia social estructurales, cuyo abordaje con políticas públicas anteriores (finalmente se reconoce hoy) ha sido un verdadero fracaso. Entonces, lo sucedido no es para nada menor: estamos frente a un cambio de paradigma por completo y ante a una nueva oportunidad de no recorrer los caminos que nos han llevado una y otra vez a resultados desastrosos, sumamente dolorosos y difícilmente reparables.
Por supuesto, para que se pueda considerar una Ley verdaderamente “transicional” -desde este punto de vista- faltan algunos temas en la ley, ya que se mantiene la perspectiva punitiva que impone al consumo mayor de 100 gramos y al preventivo entre 28 y 100 gramos responsabilidades administrativas y penales, contrario a lo que la justicia transicional plante. Incluso así, es de celebrarse.
Es importante nombrarlo porque, sobre estos temas y otros más, el envío del dictamen a la Cámara de Diputados representa una oportunidad para afinar algunos puntos que desde la coalición #RegulaciónPorlaPaz han planteado. Retomo algunos de ellos:
– Derecho al libre desarrollo de la personalidad: estaremos atentos a lo que suceda en las comisiones de Salud y Justicia de Diputados. El proyecto no reforma los artículos necesarios de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para garantizar la efectiva des criminalización de personas usuarias y así cumplir con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impone restricciones excesivas y discriminatorias sobre los espacios de cultivo para uso personal y consumo.
– Prioriza los intereses de los grandes capitales extranjeros por encima de aquellos de comunidades campesinas y personas que venden de manera legal al mercado en menudeo. Abre la posibilidad a empresas y grupos no considerados como vulnerables para que se generen monopolios. Esto perjudica las medidas afirmativas hacia comunidades y da apertura a la captura del mercado por parte de grandes empresas.
Estaremos atentos a lo que suceda en las comisiones de Salud y Justicia de Diputados.
Este artículo fue redactado en colaboración con Amaya Ordorika del colectivo ReverdeSer como parte de la coalición #RegulaciónPorLaPaz.
