Durante años, los mexicanos han entendido la palabra fuero como sinónimo de impunidad. En efecto, durante décadas, este concepto constitucional solamente les ha servido a gobernantes, legisladores, jueces, ministros, entre otros servidores públicos, para violentar la ley sin temor a ser sancionados por sus actos. 

A lo largo de los últimos sexenios, en nuestro país reinó una clase política obscena, totalmente alejada de la realidad, que agravó las brechas de desigualdad, y generó una sensación de excesos de privilegios que provocó un distanciamiento enorme entre los gobernantes y el Pueblo. 

En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como uno de sus compromisos asumidos en campaña, determinó quitarse este privilegio, lo que lo convertiría en el primer Presidente sin fuero. Haciendo uso de sus facultades constitucionales, envió dos iniciativas al Congreso de la Unión que reforman los artículos 108 y 111 de nuestra carta magna para eliminar el fuero al Presidente de la República. 

La figura del fuero o inmunidad procesal se remonta a la constitución de 1857, que más tarde fue retomada en la nuestra de 1917, cuando el contexto político existente justificaba que los funcionarios de nivel gozaran de cierta protección para evitar la presión o intromisión de otros poderes en las decisiones de sus integrantes. 

Sin embargo, actualmente y en concordancia con la realidad política, el fuero o inmunidad procesal del Presidente de la República, resulta ofensiva e inadecuada, en un país en donde las libertades y derechos humanos están plenamente consagrados y garantizados en diversos instrumentos.  

Así, el pasado martes 2 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, en un hecho que el propio Lic. López Obrador calificó de histórico. El día de ayer, esta reforma se aprobó también en el Senado, lo que permite que "durante el tiempo de su encargo" el Presidente de México pueda ser imputado o juzgado por delitos como corrupción, delitos electorales, así como cualquier otro del fuero común por el que sería juzgado cualquier ciudadano. Corresponderá ahora a las legislaturas locales aprobar esta reforma de gran relevancia para la vida pública de nuestro país. 

En esencia, la ley ha de aplicarse a todos los mexicanos por igual, y esto incluye al Presidente de México.   

Esto sin duda es una acción afirmativa, una muestra de confianza que reivindica la figura del Presidente de la República, tan desgastada durante los últimos sexenios, precisamente por los escándalos de corrupción que tanto dañaron la investidura.

Valdrá la pena en los próximos días analizar y revisar la viabilidad de la eliminación del fuero para legisladores federales y funcionarios y funcionarias de primer nivel. Sin embargo, de momento considero que este es un gran paso para reafirmar el compromiso de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción, a la impunidad y a los abusos de poder que tanto nos han lacerado como sociedad y como país.