Había esperado este momento para poder escribir sobre un tema central que había pospuesto por diferentes razones,  una de ellas tiene que ver con la atención a temas coyunturales que me parecieron urgentes y que era fundamental atender en mis artículos. Ahora quiero hablar sobre la industria minera y de las actividades extractivas del subsuelo en México.

Sin duda, es un tema controvertido porque la minería en general e históricamente ha provocado un enorme interés económico, pero ambientalmente ha sido sinónimo de devastación y de abuso.  Cómo no olvidar el saqueo desde la colonia, pasando por los latifundios y con la famosa protesta en Cananea, Sonora, que contribuyó al alzamiento campesino que derivó en la revolución mexicana.

En efecto, nuestro país se ha colocado por décadas entre los principales- si no el mayor- productores de plata, uno de los más importantes de oro, cobre y hierro. Actualmente, se suman a la lista metales muy especiales como la magnetita, el litio y el titanio, que se utilizan la industria automotriz y de las telecomunicaciones, entre otras industrias especializadas.

Durante los sexenios completos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bajo el argumento de la “actividad preponderante” (como es el caso de la industria petrolera), empresas mexicanas y sobre todo canadienses han logrado importantes concesiones mineras, fundos mineros para explotar por periodos que van hasta 100 años de potenciales yacimientos, pero ahora con la modalidad de cielo abierto.

Al menos una tercera parte del país fue concesionado de esta manera y, con las modificaciones de la reforma energética de Peña Nieto, ni siquiera las comunidades afectadas tendrán un beneficio directo o futuro de esas explotaciones. Básicamente, el artículo 27 constitucional -a través de la ley minera y su reglamento respectivo- se otorgó vía concesión los frutos del subsuelo y puso manos de particulares nacionales y extranjeros la explotación sin misericordia de la riqueza natural de México. Esto significa que las comunidades afectadas formalmente sólo pueden hacerse un lado.

Esta lógica perversa de saquear los recursos naturales no ha sido detenida por la Cuarta Transformación. A lo más que hemos llegado es a que el presidente de México declare reiteradamente que no permitirá la fractura hidráulica para extraer gas y petróleo en las profundidades, pero no existe el manifiesto claro y una propuesta de ley que asegure el patrimonio cultural y natural de nuestro país y que proteja legalmente buenas prácticas ancestrales, para que se reconozca como un derecho previo a estas concesiones.

Por fortuna, hay un importante movimiento de acción civil, así como comunidades rurales organizadas, que ha parado esta forma perversa expropiar no sólo sus tierras, sino también su historia su cultura y su futuro.

He sido testigo de la defensa de comunidades indígenas en la Sierra de Juárez en Oaxaca y con sus cuerpos han impedido la entrada forzada de maquinaria que, como tanques, quiere empezar las obras exploración minera. Es muy importante que las y los diputados federales de Morena tomen nota, así como el Subsecretario de Fomento Normatividad de SEMARNAT, que pueden sumarse a la defensa del patrimonio natural de los pueblos originarios y comunidades agrarias de México.

Me parece absurdo que un anillo de compromiso o de bodas de una pareja signifique, el movimiento -literal- de toneladas de tierra para obtener 10 g gramos de oro que tarde o temprano acabarán, como ya dicho en otros foros y textos, en el escusado (la pareja despechada o engañada). Lo peor de historia es que una parte importante del oro y de la plata que se saca de las minas de México acaba igualmente lingotes enterrados o guardados en cavernas, pero compactados. Para mí es absurdo por donde se vea.

Mi deseo más profundo es que la visión humanista del Presidente y la atención prioritaria a la gente promuevan leyes a través de Morena, o desde el ejecutivo, para modificar la “preponderancia” de esas concesiones de un tercio del territorio y que esas concesiones  sean canceladas, al igual que la revisión de las energías alternativas. Deben buscarse nuevas fórmulas de convivencia entre empresas  mineras y las comunidades. Hago votos porque esto suceda.