Por: Carlos Mendoza

En distintos medios de comunicación, ha trascendido que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, podría acogerse al criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la denominada “estafa maestra”. 

Durante más de un año, Robles se ha negado a imputar o señalar por el caso a cualquier tercero perteneciente al ex gabinete presidencial o al expresidente mismo. Tal acto de solidaridad responde, en gran medida, a un mensaje contundente dado por Peña el 19 de abril de 2013: “Rosario, no te preocupes”. Sin embargo, ante las recientes declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera titular del Órgano Interno de Control tanto de SEDATU como de SEDESOL durante su administración, Rosario ha visto resquebrajar el que en otros tiempos fungiera como un poder normalizador: el pacto de impunidad. 

Somos testigos del fin de una era, en donde la protección ante los actos de corrupción era pactada y los chivos expiatorios cubrían (en el mejor de los casos) las culpas de quienes, más arriba en el organigrama de la corrupción y el saqueo, gozaban de las fortunas amasadas con recursos públicos. La imposibilidad material de suceder el pacto ha generado que un perfil mediano como Zebadúa se atreva a declarar sin empacho alguno: nombres, fechas, mecanismos e implicados, no solo ya de la estafa maestra, sino incluso de la emblemática obra del peñismo y emblemático triunfo de la 4T, el NAICM. 

La nueva normalidad política seguirá dando escenas como esta, donde se salva quien puede. La pregunta es: ¿llegarán las investigaciones y acciones de la Fiscalía al expresidente Peña?  Esa es la tarea fundamental de la 4T, cumplir con el mandato de las urnas y llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la corrupción. 

@carlosmenal

Secretario Estatal de Formación Política de morena. Asesor Legislativo. Orgulloso Mineralreformense