El movimiento de la Cuarta Transformación surge, entre otras demandas, como una exigencia de Paz desde el territorio. Nacida a partir de la organización de un Pueblo que, en medio de una brutal guerra, imaginó la ruta para construir un país pacífico y armonioso. Quizá el mayor acierto de la política obradorista radica en comprender la importancia de involucrar activamente a la población en los proyectos políticos, particularmente me refiero a los de reconciliación nacional y la construcción de una paz colectiva. Los proyectos de la Comisión de Búsqueda, el acercamiento a las víctimas de violencia y sus familiares, la Ley de Amnistía y los programas sociales, todos implican activamente la solidaridad y el reencuentro comunitario para resolver los conflictos económicos, sociales y políticos que aún hoy irradian violencia a nivel nacional. 

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, tanto la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México como el INMUJERES dieron a conocer los distintos programas que han implementado para atender la emergencia de los feminicidios y de las violencias previas físicas, sexuales, psicológicas y económicas que suelen rodear este tipo de asesinatos. Llama la atención que en ambas estrategias se considera de manera particularmente importante el papel de las mujeres en territorio como multiplicadoras de paz para la formación de liderazgos sociales y el diálogo para la generación acuerdos comunitarios con equidad de género. Su relevancia radica en el utilizar tácticas más profundas para atender la violencia, implica una preocupación por un cambio cultural, más que un cambio superficial de programas que no logran permear en toda la población y estrategias punitivas. 

Ese es el caso de los proyectos de Mujeres Constructoras de Paz, en los que se han establecido más de 217 redes en más de 100 municipios de la República para la reapropiación de espacios públicos -asumir que los espacios y las discusiones públicas también son espacios de mujeres-, la atención a casos de violencia, su formación, y su inserción laboral reconocida y remunerada. Pero también de los proyectos de las LUNAS en la Ciudad de México, escuadrones de mujeres encargados de proveer atención a las mujeres tocando puerta por puerta, así como de informar a la población de sus derechos y fungir como facilitadoras de herramientas psicológicas y jurídicas – junto con las abogadas – para la identificación de las violencias de género y la protección de las mujeres que las hayan padecido. Solamente en la Ciudad de México, de enero a julio de 2020, las lunas han atendido a más de 32 mil mujeres, 500 de ellas siendo casos de riesgo crítico. De igual manera, se han establecido programas comunitarios para trabajar de manera intergeneracional las masculinidades y la violencia que ellas conllevan. 

Estas apuestas, mantenidas incluso dentro del confinamiento con medidas sanitarias para la protección del personal, implican un compromiso con las mujeres mexicanas que, con otros gobiernos, estos meses de 2020 pudieron haber quedado completamente desprotegidas. La Ciudad de México, por ejemplo, fue uno de los estados de la República que se opuso al cierre de las fiscalías en medio del confinamiento, entendiendo que en el encierro las condiciones de violencia en el hogar se complican más para las mujeres que en muchas ocasiones quedan encerradas con sus agresores, además de que han perdido gran parte del contacto con sus redes de apoyo familiares y vecinales, lo que hace que las probabilidades de ser violentadas aumenten. 

La erradicación de la violencia en contra de las mujeres es una apuesta a largo plazo que solo podrá lograrse con la disciplina de arduos trabajos colectivos, protagonizados y liderados por las propias mujeres de la comunidad en la que se está trabajando, conducidos con una convicción pedagógica y de diálogos constantes a nivel de territorio.