La reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad por primera vez de adecuar mejor el marco normativo de los tres niveles de seguridad en México y articular mejor la operatividad en seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Si bien la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ideada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y girada al Senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, resalta en estos momentos en los medios de comunicación por la intención de regular la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, tiene un trasfondo positivo incluso más importante y pertinente: la regulación de las funciones de autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad nacional.
El Presidente es consciente de la problemática que existe a nivel nacional de una falta de interés en atender las necesidades de seguridad por parte varios gobernadores y presidentes municipales, quienes muestran actitudes desinteresadas, negligentes e incluso dolosas para enfrentar su responsabilidad en disminuir los delitos tanto del orden común como federal.
En este sentido, los esfuerzos de la Federación para bajar los índices de los principales delitos federales son los más fuertes y organizados, pues están basados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública emitida en mayo de 2019, que es clara en sus objetivos, y de la misma manera ha abocado contingentes federales —Fuerzas Armadas y Guardia Nacional— en una participación complementaria en materia de seguridad pública que goza de la venia constitucional y legal para ser destinados a la protección de la ciudadanía. En cambio, en los órdenes locales hay un déficit policial ruinoso y las policías no están debidamente capacitadas y entrenadas, especialmente para enfrentar las problemáticas de seguridad con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.
La responsabilidad de la seguridad no es única del Presidente de la República como titular encargado del gobierno federal. De acuerdo al artículo 21 constitucional, la seguridad en México debe ser transversal y basada en la cooperación y corresponsabilidad en los tres órdenes de gobierno, acto que no es comprendido a cabalidad por gobernadores y presidentes municipales, especialmente aquellos que discrepan políticamente con el Gobierno de México.
Por ello, la seguridad está descuidada en diversas entidades federativas y ha sido objeto de pugna política con la Federación. Los gobiernos locales no quieren asumir su responsabilidad de unir esfuerzos con el federal para enfrentar los desafíos de la inseguridad. Y todo esto sucede mientras los mexicanos sufren el flagelo de la extorsión, el secuestro, el feminicidio, el homicidio, y el robo en distintas modalidades. Por ello, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional habrá de vincular jurídicamente a la seguridad con la gobernabilidad.
De esta manera, en la actualidad se cuenta solamente con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una norma reglamentaria que regula las responsabilidades de los municipios, estados y de la Federación con respecto a la seguridad pública. Lamentablemente no se tiene una regulación correspondiente para normar las responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con respecto a la seguridad interna, o bien, de la seguridad nacional. Esto es importante cuando hay problemas desatendidos de seguridad pública en algunas entidades federativas que se vuelven riesgos de seguridad interior, o escalan a ser amenazas de seguridad nacional. En este sentido, el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional sin duda habrá de establecer responsabilidades con los gobernadores y presidentes municipales para saber coordinar sus esfuerzos con los de la Federación y mitigar juntos los antagonismos a la seguridad nacional.
Finalmente, la parte de la propuesta en la iniciativa de reforma para regular el intercambio de información entre autoridades mexicanas y agentes del extranjero en nuestro país, así como la creación de un marco legal que defina y acote las funciones de agentes del extranjero en México, es positiva pues sin duda fortalecerá el respeto a la soberanía nacional.
México es un país en el que ha proliferado el espionaje —una amenaza declarada en el artículo quinto de la ley de Seguridad Nacional— incluso desde su conformación como Nación independiente desde 1821, por lo que es necesario ejercer mayor control sobre las operaciones clandestinas de gobiernos extranjeros, que suceden por una falta de regulación normativa, así como a una falta de inversión en las capacidades institucionales en materia de inteligencia y contrainteligencia para vigilar que no interfieran en los asuntos internos o que vulneren los objetivos e intereses nacionales.
La entrada de agentes extranjeros es desregulada pues su presencia no se informa al Gobierno de México. Esto impone peligros para la gobernabilidad, que es un objetivo nacional permanente. Ahora será regulada con informes rendidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y con mayor control de su despliegue en territorio nacional con la conformación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad y un Grupo de Coordinación Operativa. Por ello, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional no solo pudiera articular mejor la operatividad en seguridad nacional, interior y pública en los tres órdenes de gobierno, sino hacer más sólida las condiciones de cooperación con gobiernos extranjeros, asunto clave de la seguridad nacional.
