Por: Christian Pérez
En el año 2014, a partir una investigación judicial iniciada en Brasil conocida como ‘Operación lava jato’ se develó una red de sobornos pagados por grandes constructoras para obtener contratos de obra pública en dicho país. En el curso de las investigaciones se conoció que este esquema había trascendido fronteras y provocó crisis políticas en diversos países involucrados: México, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. A finales de 2017, trascendieron los testimonios de Luis de Meneses -en su momento director de Odebrecht para México- donde se involucraba directamente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y en su momento coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, en esta red de corrupción.
Lozoya Austin declaró en octubre de 2017 “es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra por este caso. Días antes había sido destituido el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el doctor Santiago Nieto, después de iniciarse una investigación contra el exdirector de Pemex por presuntamente haber ingresado recursos provenientes de estos sobornos a la campaña de Peña Nieto.
Es importante mencionar que Emilio Lozoya está involucrado en otro escándalo de corrupción que implicó un desfalco a la nación de grandes proporciones: Pemex gastó 26 mil 564 millones de pesos para comprar las empresas Agronitrogenados (ProAgro) y Grupo Fertinal. Dichas empresas reportaban pérdidas y operaban infraestructura “chatarra” pues sus plantas estaban inservibles, por lo que en esta operación Pemex perdió miles de millones pesos y además debió invertir más recursos públicos para rehabilitar las plantas. El dinero pagado por la paraestatal fue a parar a empresas offshore involucradas con Lozoya y de integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en aquel tiempo.
Finalmente, en febrero de 2020 se detuvo a Lozoya Austin en España y la Fiscalía General de la República logra, en julio del mismo año, su extradición gracias a un convenio en el que al acusado aceptó cooperar con la justicia mexicana brindando toda la información posible de los casos en que está involucrado. Frente al inminente el inicio de un proceso judicial en México contra este personaje, el Poder Judicial Federal ha establecido que dará al proceso certeza, máxima transparencia y publicidad, necesarios para que la sociedad mexicana tenga acceso a la verdad de este caso.
En este caso, llamado a ser emblemático en términos de la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, sostengo que las autoridades que intervengan en su procesamiento, así como los medios y la sociedad, debemos empujar una conversación nacional que debe versar sobre los siguientes puntos:
1. Procesamiento judicial del caso Odebrecht. México se encontraba rezagado, puesto que otros países ya juzgaron y sancionaron a los responsables de este entramado de corrupción transnacional.
2. Establecimiento de sanciones contra los responsables por el desfalco a Pemex en la compra de las empresas Agronitrogenados (ProAgro) y Grupo Fertinal, así como lograr la reparación del daño a la nación recuperando la totalidad o parte de los recursos públicos desviados. Este será un reto internacional importante dado que estos recursos se encuentran en diversas cuentas y sociedades offshore a lo largo del mundo.
3. Investigación del flujo de recursos ilícitos en campañas políticas que no vio el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las elecciones presidenciales de 2012, pues además de Monex hoy se tienen indicios de que los recursos de Odebrecht fluyeron, al menos, en la campaña del PRI.
4. Divulgación de las primeras pistas y presuntas responsabilidades en una trama de sobornos con recursos de procedencia ilícita para legisladoras y legisladores con el objetivo de lograr la aprobación de la reforma energética en 2013. Con esta modificación a la constitución se incluyó la participación de la iniciativa privada en la industria petrolera y de la energía eléctrica en México, un sector en el que históricamente han estado interesados países y empresas por sus grandes dividendos.
Dada la importancia de los puntos mencionados, el Estado mexicano tiene ante sí una oportunidad histórica en la agenda de combate a la corrupción y la lucha contra la impunidad por la cantidad y la importancia de actores políticos involucrados en el caso Odebrecht y la aprobación de la reforma energética, pone en la agenda nuevamente el flujo recursos ilícitos en campañas políticas y brinda la posibilidad de reparar el grave daño causado al erario en los desfalcos causados a Petróleos Mexicanos.
@chrisperezmx
Abogado por la UNAM. Candidato a Maestro en Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Universidad Javeriana de Colombia. Congreso de la Ciudad de México. Bloque de Asesores del Grupo Parlamentario Morena.
