Decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa: “la libertad de expresión es la libertad de los dueños de la imprenta”, e insistía en que la contradicción de fondo es negocios privados encargados de la comunicación social. 

En México conocemos muy bien la inequidad en el acceso medios de comunicación tanto escritos como en televisión y radio. No solo eso: conocemos el abierto y descarado activismo militante de los principales medios de comunicación nacionales. Cuando el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, adoptaron un discurso bien elaborado para negar la legitimidad del movimiento y hasta su origen étnico, lo que sentó las bases para lavar la cara a las acciones represivas posteriores.

También en el proceso electoral de 2006 sufrimos con dramatismo la absoluta cerrazón ante el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con una campaña negra que inició años antes de la contienda y que articuló a dirigentes conservadores tanto del PAN como de la “sociedad civil” y el mundo empresarial, especialmente de las televisoras, en complicidad con la autoridad electoral.

En 2012 y en 2018, hubo un fenómeno que México ayudó a las fuerzas a favor de una transformación: las benditas redes sociales. Estas desplazaron en ciertos sectores a la telebasura y a los chayoteros a sueldo, defensores del régimen neoliberal y punta de lanza en contra del movimiento obradorista. Son una revolución en el ámbito político, pero también en el profesional y en el doméstico: whatsapp, tuiter y face son plataformas cada vez más indispensables para la sociedad. A pesar de la existencia de ciertos algoritmos que conducen ciertos patrones de gustos y preferencias de los usuarios, nunca habíamos visto un ejemplo tan impactante de ejercicio de abierta censura en las redes sociales como el que vimos hace unos días contra el presidente en funciones de la llamada mayor potencial mundial.

Donald Trump perdió las elecciones de su país, estuvo insistiendo en que hubo fraude electoral y mediante mensajes en redes sociales convocó a manifestaciones que se conjugaron con las absurdas leyes de ese país -que permiten el uso irracional de las armas de fuego- para terminar en 5 personas fallecidas, un suceso lamentable y completamente antagónico con las protestas que en México llevamos a cabo en 2006: manifestaciones multitudinarias donde no solo no se perdieron vidas humanas, sino que no rompimos un solo vidrio.  

En respuesta a las demandas de fraude y movilización vimos algo inédito: los dueños de las principales redes sociales decidieron censurar y bloquear las cuentas de Trump. Pienso que se trata de una “prueba piloto”, en donde valiéndose de la mala imagen del mandatario, recibieron el apoyo y el aplauso de propios y extraños, de izquierda y derecha. Por otro lado, todo aquel que se atrevió a cuestionar la censura, incluido el Presidente de México, automáticamente fue ubicados como “trumpistas”; algunas veces señalados por miembros destacados de la derecha mexicana, esa que dice ser anti-Trump pero no pierde oportunidad de burlarse de la forma de hablar del Presidente, del color de piel de miembros de la 4T o de la gordura o flacura de nuestros representantes… En fin, la hipocresía.

Estar a favor de la libertad de expresión incluye, forzosamente, aquella de quienes no piensan igual que nosotros o, como el caso de Trump, quienes piensan en forma totalmente opuesta. También, obviamente, deben existir límites: el llamado directo a la violencia o el discurso de odio no deben tener lugar. No obstante, un tema de enorme importancia es definir ¿quién, cómo y cuándo se debe establecer esos límites? Si esas respuestas las darán un puñado de oligarcas -algunos de ellos de los hombres más ricos del mundo- entonces pienso que debemos estar en contra políticamente y prepararnos para una posible ampliación de esa vocación, ahora expresada con claridad, de fijar los términos del debate público en forma unilateral.

No caigamos en la trampa de celebrar medidas que eventualmente podríamos ver cómo afectan a las aspiraciones de cambio de millones de personas en EE. UU. o en el resto del mundo, solo porque en esta ocasión sirvieron para silenciar un discurso de odio que reprobamos.

Y no, oponerse a la censura, estar en contra de que un puñado de empresas privadas se crean dueñas de la verdad absoluta y decidan qué idea política es la correcta y cuál no y utilicen arbitrariamente el poder censurar una idea u otra, no nos convierte en trumpistas. De la misma forma, tampoco el hecho de que las redes sociales sean propiedad de empresas privadas cancela la discusión o la reduce a un “violaron los términos y condiciones”. Precisamente ese es el meollo del asunto como inicia  este texto: la contradicción de fondo son negocios privados encargados de la comunicación social; pensar soluciones al respecto es una tarea urgente.