Podemos coincidir en que los derechos no se consultan. En teoría, nacemos con derechos -tema cuestionable cuando pensamos en la situación de vida de los sectores más vulnerables-, pero hay derechos no inscritos que, por razones diversas, la sociedad cuestiona y pone a debate, ya que la propia complejidad de la naturaleza política de los seres humanos nos obliga a emprender la conquista por los derechos.
La ola del movimiento por la interrupción legal del embarazo que estamos viendo en algunos países de América Latina fue impulsada por la marea verde en Argentina, pero a las compañeras argentinas la conquista del derecho no les llevó poco tiempo. Ellas tardaron al menos quince años desde que se lanzó formalmente la ‘Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito’ en 2005 -que fue una gran unión de organizaciones, académicas, figuras públicas, representantes populares, ente otros- con la finalidad de impulsar desde todos los ámbitos la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), creando propuestas de ley, recolectando firmas y sobre todo socializando el tema para contar con el apoyo popular y hacer una gran presión de “abajo hacia arriba.” En Argentina el derecho no se consultó, pero las mujeres de la campaña hicieron un trabajo inmenso y ejemplar.
Aunque para muchas de nosotras el derecho a decidir es algo completamente natural, y entendemos que el control estricto sobre la reproducción y el cuerpo de las mujeres no es más que otra herencia de la imposición colonial, debemos comprender que la situación es complicada en un país religioso, con un sistema de creencias y costumbres tan arraigadas como México (escenario muy contradictorio cuando hay tanto abandono, maltrato y tráfico infantil). Siendo sinceras, la mayoría de las y los legisladores no asumirán el costo político que conlleva legalizar la interrupción del embarazo, cuando según algunas encuestas (la última referencia data de septiembre de 2019 en El Financiero), la gran mayoría de las y los mexicanos no están de acuerdo con la ILE, incluso si nos parece increíble a estas alturas y en estos tiempos. Suponiendo que se legalizara, utilizando al recurso de la consulta popular, grupos “pro-vida” podrían echar atrás la ley en alguna consulta vinculante, tal y como sucedió en Italia en el famoso referéndum de la década de los 80s.
Esta situación, lejos de desanimarnos, nos pone a pensar las estrategias necesarias para conquistar el derecho en nuestro país. La socialización es sumamente importante y también podríamos considerar que, aunque los derechos no se consultan, si se logra una campaña exitosa, la consulta popular vinculante puede ser una de las vías más rápidas para su reconocimiento. Quitemos ese estigma a las consultas, no es una ocurrencia mexicana: la consulta sobre el mismo tema se ha aplicado en países como Portugal (2007) e Irlanda (2018); Italia incluso lo había hecho antes, en las últimas décadas del siglo pasado.
Fuera de nuestro círculo inmediato, nos queda mucho trabajo por hacer.
