El pasado diciembre, el Congreso de la Unión aprobó controversiales cambios a la Ley de Seguridad Nacional propuestos por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, con los que se pretendía reforzar el control sobre los agentes extranjeros que operan en el territorio mexicano.

La reforma fue vista como una represalia contra Estados Unidos por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, en una operación donde el gobierno mexicano no fue informado de la investigación que encabezaba la Administración de Control de Drogas (DEA) en su contra. En este sentido, el fiscal general del país vecino expresó que la normativa dificultaría la cooperación bilateral.

Conforme a los lineamientos, los servidores públicos mexicanos deberán informar sobre cualquier intercambio de información con agentes extranjeros en un plazo de hasta tres días después de llevado a cabo el contacto. En el informe podrá no reportarse información sensible, pero sí deberá contener fecha y tipo del contacto, nacionalidad y agencia del agente extranjero, tema y objetivo de la reunión.

Estos nuevos lineamientos buscan garantizar la confidencialidad de su trabajo, por lo que los agentes extranjeros deberán estar acreditados como funcionarios consulares ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en conjunto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, y de Marina.