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domingo, 17 enero, 2021
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elecciones-2021-ineptitud-contra-cinismo

El caso del general Salvador Cienfuegos repunta, en esta coyuntura, como un proceso inconcluso cuyos cabos no solo están sueltos sino incompletos. La sorpresiva decisión de la Fiscalía General de la República de notificar que no había elementos para encontrarlo culpable de diversos crímenes a él imputados desató una precipitada marejada que conjeturas, exageraciones y habituales predicciones apocalípticas donde se pusieron de relieve muchas especulaciones: una presunta militarización fascistoide en marcha en el país; un resobado supuesto “pacto de impunidad” entre el gobierno de López Obrador con sus antecesores; una denodada complicidad, e impotencia, del Presidente frente a las Fuerzas Armadas y el fin de la validez del discurso presidencial en contra de la corrupción. 

Se auguró de todo, pero poca atención se puso a lo importante. El mensaje central de la Fiscalía General de la República, y del Presidente López Obrador al día siguiente, iba en otro sentido, que se resume en la idea de que, si Salvador Cienfuegos es culpable, el legajo de pruebas que envió la DEA es insuficiente para castigarlo. 

Ante eso, la conclusión del gobierno era obvia, y necesaria: un caso delicado, que entraña las prácticas corruptas y connivencias entre elementos del Estado mexicano y el narcotráfico, no puede sostenerse a partir de siembra de pruebas, donde su solidez será piedra angular para desterrar la corrupción ancestral en la política mexicana. 

En ese entendido, la crítica debe centrarse no en las especulaciones furibundas que adelantan “un desastre” en el gobierno mexicano, sino en que las instituciones mexicanas corrijan la plana a la DEA con una investigación seria, celeridad y solidez, no sólo para darle sustento al discurso presidencial sino para que la batalla contra la corrupción sea de raíz. Con ese panorama, son pocas las conclusiones que en este momento, cuando la información es parcial y amerita sopesarse, pueden sacarse.  

Entre ellas, sin embargo, destacan tres. La primera es que se cae el discurso opositor de que el gobierno mexicano es un peón sumiso ante el de Estados Unidos. La postura de nuestro gobierno , expresada sin ambages en la voz presidencial, fue en un solo sentido: señaló sin titubeos a la DEA como un organismo capaz de sembrar pruebas falsas y no hacer bien su trabajo, recado que sin duda no van a recibir con buenos ojos en la política estadunidense. 

La segunda conclusión es que, también, se cae el discurso opositor acerca de que López Obrador es un mandatario todopoderoso, hiperpresidencialista y sin contrapesos. La condición de poder desbordado de los presidentes del viejo régimen autoritario del siglo XX radicó en tres elementos: el presidente era al mismo tiempo Jefe de Estado; jefe de facto del Partido Oficial y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ámbito donde nada se movía sin la voluntad presidencial, a la que todos los ahí inmersos se sometían. 

Pues bien, de ser cierta la premisa del hiperpresidencialismo lopezobradorista, habría bastado un chasquido de dedos presidencial para que tanto la Fiscalía y el Ejército declararan culpable al Exsecretario de la Defensa Nacional, a contentillo del mandatario, para así darle un peso mayor a su discurso sobre la corrupción neoliberal de sus antecesores, para quienes trabajó Cienfuegos. No ocurrió así, y el asunto queda a la expectativa, mientras que el cacareado súper poder presidencial queda como una añagaza más.  

El tercer elemento está por verse. Con base en estas interpretaciones precipitadas, la tensión de cara a las elecciones de 2021 esgrimida por la oposición será previsible. Intentarán azuzar con que el gobierno mexicano y la Fiscalía autónoma son ineptos, incompetentes y torpes por haber dejado en la impunidad a Cienfuegos. Mediante esa acusación se olvida algo: acusar la falta de sanción contra Cienfuegos es una aceptación tácita de su corrupción y la de quienes lo encumbraron, que fueron los miembros de la nomenclatura peñanietista. 

Así, que el hoy formalizado PRIANRD acuse “ineptitud” en contra del gobierno de López Obrador en el caso Cienfuegos no es una proclama de justicia sino un acto de cinismo. La ausencia de castigo a un presunto delincuente de Estado debe responsabilizar menos a quien tarda en encontrarle pruebas y más en contra de los cómplices que lo nombraron en ese cargo.
 

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