junio 13, 2021

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domingo, 7 febrero, 2021
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Hace exactamente una semana, el lunes 1º de febrero, el Presidente AMLO envió una iniciativa con carácter preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, misma que, en términos generales, busca establecer reglas y definiciones para frenar el saqueo al que han sometido a esta industria estratégica nacional desde al menos 1992, año en que se aprobó la “Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” que permitió la participación de figuras privadas en la producción de electricidad, a través de las Sociedades de Autoabastecimiento y las Productoras Independientes de Energía (PIE). Con la reforma del ‘92, en los hechos se le quitó la exclusividad a la Nación, otorgada en el artículo 27 Constitucional, del control sobre la energía eléctrica, aprovechando lagunas legales y las condiciones políticas logradas con la consolidación “en lo oscurito” de la alianza PRI-PAN.

En el mismo sentido, con la Reforma Energética privatizadora de 2008 durante el sexenio de Calderón, se creó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), con la que se regularon los recursos naturales de la nación con potencial para para generar energía eléctrica, con las llamadas “tecnologías limpias”, pero se excluyó explícitamente a los fines de “prestación del servicio público”. Es decir: se entregaban todas las posibilidades de generar energías renovables únicamente al sector privado. Al mismo tiempo, la Reforma de Calderón excluyó de las “energías limpias y renovables” a las grandes corrientes de agua (energía hidráulica), de las que dispone el país abundantemente y con las cuales se genera el 16% del total de la energía eléctrica en México, a través de CFE con infraestructura ya existente.

Finalmente, en 2013, ya con Peña Nieto, se realizó otra “Reforma Energética” neoliberal que se aprobó con sobornos a legisladores (quizá las otras también, pero no lo sabemos). Así se creó la “Ley de la Industria Eléctrica” (LIE) para beneficiar aún más a las empresas privadas productoras de electricidad, regalándoles un marco legal que permite a la celebración de contratos que garantizan la venta de la energía producida por estas empresas y relegan la producción de CFE. Esto genera pérdidas a la empresa del Estado, subsidiando indirectamente con recursos públicos la operación de estas empresas privadas que obtienen enormes beneficios sin riesgo alguno.

La Reforma de EPN y el PRIAN creó un tipo de contratos de cobertura eléctrica que dan prioridad a las empresas privadas que generan energía a partir del aire (eólicas) y la luz solar (solares), usando un engañoso esquema de mercado que considera sólo una parte de sus costos -los llamados “costos variables”, relacionados únicamente con la cantidad de energía producida- y no consideran el costo de las instalaciones y otros denominados “fijos”. Éstas se venden como las energías “más baratas” cuando no lo son y obligan, por esta ley a modo, a CFE a que las compre y las distribuya “por ser las más baratas” a todo el sistema que provee de electricidad a nuestros hogares e industria. Así se subutiliza la energía generada en las productoras del Estado Mexicano y hace que CFE tenga pérdidas. ¿Por qué? Debido al carácter intermitente de las energías eólicas y solares, toda la infraestructura productora de energía de CFE no puede dejar de estar operativa y lista para entrar al sistema eléctrico en cuanto las productoras privadas reduzcan o detengan su aporte. Así, CFE tiene que mantener intacta su capacidad productiva las 24 horas, pero solo puede “vender” ciertas horas de su producción. Además, CFE es quien mantiene toda la red de distribución y transporte de estas energías (porteo) sin el cual las empresas privadas no podrían vender ni distribuir su electricidad. En pocas palabras: toda la rentabilidad que pudiera tener CFE se va en mantener las condiciones de distribución y respaldo para estas empresas privadas y en no poder vender y distribuir toda la energía que genera.

Todas estas reformas se realizaron, si somos generosos, con el PRIAN, por su fanatismo pro-neoliberal y pro-extranjero, para supuestamente construir una nación “moderna”, con base en el saqueo a los recursos públicos. De esta manera, se “atraía inversión extranjera” que, obviamente, tenía como fin último el quiebre de CFE y la privatización total del sector. Pero un enfoque más realista, muestra que, más que por neoliberales convencidos, actuaron por intereses de lo más mezquinos y personales: cada nueva concesión a las grandes empresas del sector fue muy bien pagada, ya fuera en sobornos a legisladores (ya investigadas y sobre los cuales se ha presentado incluso un video), o el soborno apenas disimulado de ofrecer “un puestecito” a funcionarios públicos de alto nivel, como el que le dieron al apátrida de Felipe Calderón en el Consejo de Administración de una de las grandes empresas beneficiadas con las reformas privatizadoras. Esa es, desde luego, la verdadera ideología del PRIAN: el robo a la nación, que afortunadamente estamos combatiendo.

La privatización del sector sería un desastre desde cualquier punto de vista, excepto quizá, el de quienes recibieron millonadas por aprobar esas legislaciones y las grandes empresas del sector. La CFE, como empresa productiva del Estado mexicano, tiene un mandato de privilegiar el desarrollo y el interés social. De modo tal, tiene vigentes esquemas de subsidio a las tarifas eléctricas que resultan en pagos mucho menores a la mayor parte de los consumidores y crea infraestructura donde, por condiciones de marginación o lejanía, la inversión no es rentable desde el punto de vista comercial. Se ataca a CFE porque no “produce energía limpia”, cuando gran parte de su generación se realiza en hidroeléctricas que utilizan las corrientes naturales de agua, pero como las excluyeron de la legislación neoliberal desde el 2008, CFE tiene que comprar “Certificados de Energías Limpias” en el mercado especulativo para cumplir con acuerdos internacionales de tipo ambiental; una pérdida más, por cierto, para la empresa de todos los mexicanos. 

Por esa razón, la iniciativa del Presidente López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica equilibra la situación y otorga justicia a CFE, como empresa del Pueblo mexicano, para que haya un piso parejo en la venta de la energía eléctrica, al considerar los costos totales por generación de energía (llamado también costo unitario) y permitiendo que la energía generada por CFE (que realmente es la más barata) compita sin restricciones con las productoras privadas y sea, de verdad, la más barata la que entre primero al Sistema Eléctrico. Esto se traduce en evitar la elevación de las tarifas de la electricidad, para los hogares mexicanos. 

La mejora en las capacidades de la CFE para llevar energía a todos los rincones de la Patria es, finalmente, un paso más en el rescate de la industria eléctrica; es decir, un paso hacia el rescate de nuestra soberanía nacional. 

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