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martes, 9 febrero, 2021
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Por el derecho a la verdad

Por: José Antonio Munguía

Parece un sinsentido exigir que los contenidos informativos de los grandes consorcios mediáticos correspondan con la realidad. Pero en nuestro país, bajo la supuesta libertad de expresión, estos consorcios infunden mentiras, distorsionan y manejan los hechos a conveniencia de intereses económicos ocultos que se forjaron bajo el neoliberalismo. El desarrollo de la cultura de masas y su distribución a nivel nacional mediante la televisión, el radio y medios impresos, fueron la inyección de aspiraciones sociales bajo modas cambiantes, con consumos organizados. 

Las reivindicaciones por el derecho a la libertad de expresión no fueron siquiera pancarta, sino moneda de cambio, de los sectores económicamente acomodados ni de los grandes capitales, salvo pocas y muy honrosas excepciones de medios honestos que se atrevieron a escribir -ya no la crítica sino el relato verdadero de los sucesos- y que fueron silenciados por el gobierno. Por otro lado, se adoctrinaba bajo una violencia invisible que cercenó el pensamiento crítico y logró que los televidentes, radioescuchas y lectores se convencieran “de que nada es posible en contra de hegemonías, poderes y propiedades dominantes; que lo propio vale poco; que todo lo que se intente para el cambio está condenado al fracaso o a la represión; que tarde o temprano poder es sinónimo de fuerza ajena; que uno se equivoca cuando pretende cambios y que el que tiene la fuerza tiene la razón.” (1)

De esta manera, la dominación de clase se valió de una diversidad de herramientas culturales que normalizaron y justificaron la violación de derechos humanos; la libertad de expresión se tradujo en el derecho de negociar con la información. Ciertamente, como dice Jorge Gómez Naredo,(2)  en el año 2006 el movimiento progresista tuvo un cerco informativo que impedía comunicarnos como lo hacemos ahora porque no teníamos la “viralidad” que internet generó con las redes sociales y que, en la elección de 2018, ayudó a la lucha informativa porque cada usuario simpatizante del movimiento difundía -en su medio muy reducido- información que consideraba relevante. 

Las redes sociales son ante todo mercancías que nos venden bajo la forma de servicios de comunicación por internet. Bajo sus políticas de privacidad, se apropian de nuestra información, conocen nuestros intereses y preferencias, que aceptamos para tener presencia -limitada- en las redes cibernéticas. Sin embargo, las redes sociales revolucionaron la forma de comunicación porque establecieron nuevamente una relación directa -aunque no presencial- entre personas (el radio y la televisión son medios de comunicación que no implica una retroalimentación), pero comenzó a socavarse con la censura que los directivos consideran violatorias de sus políticas.

La censura, mediante suspensión temporal o definitiva de cuentas, se suma a la proyección de matrices de opinión que controla quien paga operaciones sistematizadas para descalificar o minar la (posible) trascendencia de un blanco específico. La forma de violencia que suministra e infunde miedo para intimidar a la sociedad o sectores de esta adquiere entonces mayor alcance en un público que utiliza dispositivos móviles cotidianamente. Pero esta forma de violencia es, además, una táctica de coerción y manipulación dirigida a un grupo pasivo y despolitizado que posteriormente servirá como punta de lanza, cuando reproduzca la propaganda que activamente busca alinear, desacreditar y/o desgastar al gobierno progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

La imagen que los medios de comunicación intentan imponer a la opinión pública es de incertidumbre y miedo de lo que aún no sucede, mismo que se objetivará como odio. Si a los medios convencionales de comunicación sumamos las redes sociales, con la publicidad pagada y con intereses económicos e ideológicos específicos a los que responden, el derecho a la información y a la libertad de expresión está controlado en el espacio cibernético por empresas supranacionales, que marcan pautas en la opinión y debate público, en una constante campaña contra el actual gobierno progresista o de cualquier actor político, individual o colectivo.

Así como el derecho a la verdad es una necesidad para los pueblos por su soberanía, la libertad de expresión y réplica son condición de la democracia. 


(1) Fernando Buen Abad Domínguez (2014). Para leer el “Chavo del Ocho”, disponible en: https://www.aporrea.org/medios/a199272.html
(2) https://polemon.mx/las-redes-nos-venden-lo-minimo-que-debemos-exigir-es-libertad-de-expresion/


@Don_Jochevez
Economista por la BUAP, militante del Movimiento Estudiantil Espartaco de Puebla. Obradorista de base. 

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