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martes, 16 febrero, 2021
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La corrupción, el peor de todos los males

Por: Emmanuel Moya

Actualmente, la bandera del Gobierno de México es el combate a la corrupción, un tema que se plantea como eje central de la política pública federal. La lucha contra la corrupción pretende materializarse con acciones como el apoyo de los programas sociales a los que más lo necesitan, así como el desarrollo de los sectores prioritarios en aras de recuperar la soberanía institucional tomada por los gobiernos del pasado. Esto se traduce en hechos que no solo toca a las autoridades llevar a cabo, sino que se trata de un cambio de régimen que los propios ciudadanos debemos establecer y cuidar.

La corrupción es un mal que lleva décadas incrustado mediante redes de vínculos políticos y empresariales. Ha penetrado a través del tiempo en todas las actividades económicas del país; no conozco hasta hoy un sector que se encuentre libre de actos de corrupción. Algunos ejemplos son las licitaciones públicas amañadas,  las Procuradurías de Justicia y Poderes Judiciales a merced del patrón “don dinero” -mediante el no ejercicio de la acción penal, amparos otorgados a diestra y siniestra contra cualquier orden de aprensión a personas influyentes-, un poder legislativo subordinado a los poderes fácticos -visible con leyes a modo para favorecer a unos cuantos-, así como un amplio sector empresarial que conducía la agenda privatizadora de los proyectos gubernamentales más importantes para aplicarlos a favor de sus propios intereses.   

Por otra parte -también hay que decirlo- hoy no todo son malas noticias. Las instituciones públicas encargadas del combate a la corrupción están logrando una disminución de estas prácticas. Es cierto, falta mucho por hacer, existen todavía servidores públicos del mismo partido en el poder que no están a la altura de las circunstancias, continúan con las mañas del pasado; sin embargo, tendrán que salir del puesto debido a la vigilancia que está ejerciendo la propia ciudadanía.

En el ámbito comercial, desde 2016 las empresas o personas morales deben cumplir con esquemas de control de riesgos que minimicen en gran medida cualquier tipo de hecho que atente contra la integridad de la empresa y sus trabajadores, incluida alguna violación a los derechos humanos. Así lo establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho de que las empresas se fusionen, transformen, absorban o escindan con el objeto de evitar una sanción legal, no las excluye de responsabilidad penal por los hechos que puedan cometer. Retomando  a Montesquieu, cuando señalaba que “la corrupción raras veces comienza por el pueblo”, este último cuenta con el voto, el arma más poderosa que existe para desterrar el peor de todos los males -es decir, a la corrupción-. Ese poder de decisión mediante un sistema democrático nos permite generar un cambio sobre quienes ejercen el poder.


@emmanuel_moya_
Licenciado en Derecho. Constitucionalista y penalista. Especialista anticorrupción y seguridad.

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