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lunes, 8 marzo, 2021
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Los leones ya no asustan a los onagros

Hay una obra maravillosa, atribuida al mítico fabulista griego Esopo, titulada ‘El león y el onagro’; en la historia, en menos de 7 líneas, Esopo cuenta cómo los animales mencionados en el título se asocian para emprender cacería y al final dividir el resultado de la labor. El león haría gala de su fuerza y el onagro (un asno salvaje, al que se atribuye gran rapidez) se acercaría a las posibles presas. Una vez finalizada la caza, cuando ya tenían una cantidad considerable de piezas, pasaron al reparto, a lo que el león, dividiendo todo en tres partes, impuso:

“Cogeré la primera por ser el primero, pues soy el rey; la segunda, como socio a partes iguales; en cuanto a la tercera, te irá muy mal si no te apresuras a largarte de aquí.”

De esa fábula viene la expresión “la parte del león” y el adjetivo “leonino” para referirse a tratos que resultan sumamente ventajosos para una de las partes y nocivos para la otra.

Lo maravilloso de la narración toma un tinte trágico cuando hacemos analogía con el país y sus arcas públicas. El presidente AMLO denuncia constantemente “36 años de saqueo” (correspondientes al llamado periodo neoliberal) de los recursos de todo tipo en México, tanto de la riqueza que de manera natural se ubica en el territorio (petróleo, gas, minerales, recursos hídricos, bosques, puertos, tierra…) como de toda la generada por las y los trabajadores durante décadas, que forma parte de la economía nacional y sin la cual, simplemente la sociedad no estaría en movimiento. Este último tipo de riqueza puede saquearse de múltiples maneras, desde el desvío de dinero público a proyectos de beneficio privado y extranjero, el permiso de utilizar infraestructura pública con pagos preferenciales o de manera gratuita a grandes trasnacionales, hasta permitir el pago de salarios por debajo de lo necesario para la vida de las familias trabajadoras.

En este menú de saqueo, proveniente de la dinámica capitalista en su forma neoliberal, destacan empresas que estuvieron protegidas por servidores públicos, que actuaron ‒por su mezquindad y principios inhumanos‒ como si fueran los gerentes y promotores de éstas. Dichas empresas lograron enquistarse en la industria mexicana ‒de muchas formas y en todos los niveles‒ para servirse tanto de la riqueza natural como de la generada por la gente trabajadora. Así aseguraron el robo, disfrazado de actividad productiva: a través de contratos leoninos, protegidos por tratados y por el derecho internacional, ya que su rectificación, cambio o cancelación redunda en sanciones económicas para el Estado Mexicano que comprometerían presupuesto y, por lo tanto, proyectos sociales.

Uno de esos contratos es el que recientemente se puso a reconsideración por parte del Gobierno de México con la asociación Braskem (de capital brasileño, filial de Odebrecht) e Idesa (de capital mexicano), el cual fue firmado en 2009 (administración de Felipe Calderón), ampliado en 2012 y puesto en marcha en 2015 (administración de Enrique Peña Nieto) y mediante el cual Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) fue comprometida a abastecer 66 mil barriles por día de gas etano (materia prima para la petroquímica) por los próximos 25 años a partir de junio de 2015 a la planta  “ETILENO XXI”, propiedad de las mencionadas empresas. En dicho contrato, queda establecido un trato ventajoso para el comprador (Braskem-Idesa), pues se le da un descuento preferencial, que implica venderle etano por debajo de su valor. Según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2016 la producción y traslado del hidrocarburo hacia la planta “Etileno XXI” costaron tres mil 123 millones de pesos y Braskem-Idesa sólo pagó mil 188 millones de pesos; es decir: bajo ese contrato, en ese ejercicio, Pemex perdió mil 935 millones de pesos.

Pero ahora que se ha cuestionado no sólo la rentabilidad, sino hasta la legalidad del mencionado contrato, lo que trajo la orden de su cancelación, Braskem amenaza con hacer válida una cláusula que obligaría al gobierno mexicano a comprar la planta “Etileno XXI”, con un precio superior al valor real de planta, como sanción por incumplimiento, el cual está calculado en alrededor de 96 mil millones de pesos. Esto sería un verdadero atraco a la población mexicana, responsabilidad total de los dos gobiernos neoliberales anteriores.

Y el problema Braskem-Idesa es sólo un botón de muestra, pues en el caso de la electricidad, a CFE se le hizo firmar contratos para pagar gasoductos que no están en funcionamiento y, por lo tanto, ¡no la proveen de gas!, como son los pertenecientes a empresas como Carso IEnova y TransCanada.

En la minería, acuerdos leoninos del pasado resurgieron en los últimos días, pues trascendió que hay 12 mineras canadienses que esperan y exigen condonación ‒e incluso hasta devoluciones‒ de impuestos por tener permiso para extraer los recursos del subsuelo mexicano y expoliar el trabajo a las personas que tienen que emplearse en esa industria; una de ellas es First Majestic Silver Corp.

Pero el único límite que conoce el capital es la destrucción total de la humanidad y la naturaleza, a pesar de que el patriota Gobierno del Presidente López Obrador y todo el gabinete que comparte los principios de la 4T han ido haciendo lo que se puede, bajo este contexto legal sumamente complejo ‒con una combinación de negociación, denuncia pública y litigio, con la idea de ir desactivando estos mecanismos de saqueo sin dar lugar a demandas internacionales, pago de penalizaciones, etc. ‒ así que existen procesos en los que grandes capitales internacionales prosiguen en la extensión de sus áreas de dominio e influencia, aún tratándose de recursos estratégicos, como sucede con el litio.

El litio es un mineral utilizado para realizar las baterías de iones, que se han popularizado enormemente por servir para todo tipo de dispositivos móviles (celulares, laptops, herramientas móviles, etc.) y más recientemente, para vehículos eléctricos e incluso baterías domésticas. Debido a las previsiones de uso de este mineral, se le considera estratégico en todo el mundo y su control, posesión y extracción son fundamentales para la viabilidad de empresas y procesos tecnológicos a escala mundial. En 2019, se generaron reportes que señalan una mina con gran cantidad de litio en México, que sería incluso la de mayor cantidad conocida hasta ahora a nivel mundial; aunque todavía no se ha confirmado la viabilidad técnica y rentabilidad de la extracción (el litio es relativamente abundante en todo el mundo, pero las vetas con concentración suficiente para que su extracción sea rentable es lo que son escazas) y existen al respecto opiniones encontradas. Aún así, lamentablemente, todo el territorio en donde fue localizada esta mina pertenece a la concesión de una empresa minera trasnacional británica, que está a su vez asociada a una minera china, por lo que su eventual explotación está “blindada” por concesiones a largo plazo y condiciones sumamente ventajosas, ante lo cual se ha presentado una iniciativa en el Senado para que se nacionalice este mineral, y el Presidente Andrés Manuel ha señalado que se analiza la viabilidad de una medida de este tipo.

Ante el escenario descrito antes, la respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido las revisiones y suspensiones de contratos, así como nuevas legislaciones cuando son necesarias, pero apenas para revisar la legalidad de estos contratos o nivelar las condiciones de competencia para las empresas del Estado. Estamos conscientes de que por eso seguimos dando la batalla para la implementación para la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. No se trató, como queda claro, de casos frecuentes de corrupción inconexos entre sí, sino de todo un sistema, cuyo funcionamiento precisamente consistía en extraer la mayor cantidad de riqueza del Pueblo en forma de despojo y saqueo para llenar los bolsillos de grandes empresas trasnacionales y mexicanas. Es en este contexto que adquiere importancia el planteamiento del Presidente AMLO acerca del peso que tiene la corrupción en la desigualdad en México. Revertir estos procesos es, por ello, una verdadera transformación para el país.

Así que, sí, es real: sólo el Pueblo organizado podrá salvar a la nación, y los frenos y candados que se han logrado poner al saqueo obsceno irán aumentando y profundizándose en la medida que mantengamos el apoyo al Presidente, en tanto que sigamos organizando un movimiento que lo respalde efectivamente y garantice la continuidad del proyecto, llenando todos los ámbitos de participación que estén a nuestro alcance ‒ya sean los electorales, territoriales, redes sociales, la academia, los Poderes de la Unión, los medios de comunicación, la prensa, todos, todos esos espacios son políticos y así los debemos asumir‒, porque los leones ya no asustan a los onagros.

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