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domingo, 14 marzo, 2021
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La trivialización como ideología

Francisco Valdés Ugalde, uno de los dos precursores del desplegado de julio de 2020 que alertaba contra “una deriva autoritaria” y la “libertad de expresión en peligro” bajo el gobierno de López Obrador, fue entrevistado por Álvaro Delgado y Alejandro Páez en un noticiario nacional el 22 de septiembre pasado. Expongo dos momentos memorables de la entrevista:  

-Periodistas: Profesor, ¿nos puede decir uno o dos casos concretos de censura que provengan del Gobierno de López Obrador? 
-Valdés: Hay un clima desde el cual la palabra presidencial pretende decirle a la gente que no escuche a la crítica porque… 
-Periodistas: Pero en casos concretos, ¿nos podría decir uno o dos casos de periodistas censurados?
-Valdés: Bueno… casos concretos no conozco. 

Contenga usted el arqueo de cejas. Viene otro pasaje similar: 

-Valdés: Me parece importante que se discuta cuánto dinero público se gasta en medios por parte de este gobierno, ¿tenemos claras las cuentas de cuánto se gasta el gobierno actual en publicidad en medios? No, no las tenemos… 
-Periodistas: Sí están. Están publicadas. En este espacio las hemos discutido. 
-Valdés: ¿Sí están publicadas? Ah bueno… es que no las conozco… 

No tenemos elementos psicológicos para adivinar las motivaciones de Valdés Ugalde para producir un desplegado que, en el mejor de los casos, es impreciso. No sería ético especularlas. Lo que sí podemos afirmar es que resulta muy deshonesto intelectualmente tener severas lagunas informativas, carencias de datos de la actualidad política, escaso conocimiento de la realidad contemporánea y, de todos modos, atreverse a lanzar acusaciones tan graves contra un gobierno o contra cualquier actor político. Carecer de información es algo que puede ocurrirnos a todos, incluso a los académicos de trayectoria respetable. El problema no es ese.  Lo que no se vale y no es ético es atrevernos a lanzar acusaciones tan serias cuando tenemos como punto de partida esa falta de información.  

Lo que sobrevino después del desplegado preconizado por Ugalde –y por otro intelectual que también parece no acostumbra a leer periódicos, Roger Bartra- es preocupante. Sectores partidistas de la oposición y ciertos ideólogos de reputación cuestionable ya han hecho suya la consigna de que “hay peligro de censura y está en riesgo la libertad de expresión por la deriva autoritaria del gobierno de López Obrador”. 

Lo que en ciertos sectores es falta de información, en los políticos profesionales se torna en un discurso instrumental. Los líderes de la coalición “Va X México” y la nómina directiva de Reforma o Letras Libres saben perfectamente que no hay peligro alguno de la libertad de expresión en el país. Pero les gusta decir lo contrario no porque les preocupe ese valor democrático, sino porque esgrimir esa mentira les puede traer un rédito electoral y político entre los incautos e ingenuos que les crean. 

Así se trivializa el mal. La censura es un acto condenable en sí mismo que ha existido en el país y que ha sido sello de varios gobiernos represivos y, esos sí, autoritarios. Tan no hay censura ni autoritarismo en el México contemporáneo que incluso a partir de argumentos falaces y tesis completamente contrarias a la verdad, se pueden firmar y publicar desplegados apocalípticos que hacen escarnio injusto de un gobierno al que se le ataca con adjetivos delicados sin razones para ello. 

¿Es deseable que el Presidente de la república ejerza su derecho de réplica sin personalizar contra determinados adversarios? Sí. ¿Es legítimo pedirle que no se enfrasque demasiado en conflictos recurrentes con determinados medios aunque estos hayan incurrido en falsedades? También. Pero de ahí a extrapolar que por hacer eso hay “censura” y “deriva autoritaria” en el país no solo es mentir escandalosamente y hacer panfletos falaces, sino también es vaciar de significado a conceptos como “censura” y “autoritarismo”.  

En una situación distinta, pero que se presta a reflexiones similares, recientemente atestiguamos cómo el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, desde sus diferentes trincheras, abordaron lo relativo a la lucha feminista y el 8M pasado. Debe resaltarse que, en el discurso, el Presidente López Obrador ha demostrado que sus episodios empáticos por la equidad de género no son producto de una formación teórica contemporánea ni de una actualización deconstructiva permanente. Atenidos a su biografía, podemos constatar que se trata de un hombre intuitivamente solidario ante esa causa, que sin conocerla del todo la ha secundado en ciertos momentos, que la considera una parte supeditada a una causa mayor que es el combate a la desigualdad económica, y que ha promovido aspectos simbólicos importantes en ella como una persistente confianza en la paridad de género en el gobierno (hecho que ha preconizado desde que era líder partidista regional en los noventa, cuando como líder del PRD conformó un secretariado con mujeres en cargos clave).  Su solidaridad y comprensión del tema parecen limitarse a ello. No es suficiente, desde luego. Pero tampoco es poca cosa, si se considera que la promoción de políticas programáticas en pos de la equidad y el reconocimiento de grupos vulnerables, como madres solteras, no es algo que haya aparecido en 2018, sino que es una constante en la biografía del tabasqueño, cuyo impulso a mediados de los noventa como líder de carácter nacional estribó también en la fuerte defensa que, como dirigente del PRD, hizo de las mujeres de su partido y de las mujeres viudas de perredistas asesinados por el salinismo. 

El 8M pasado, atenido el Gobierno Federal y capitalino al hecho de que una protesta podía incluir tanto legítimas acciones directas y actos fuertes –y válidos– de visibilización, pero también infiltraciones de grupos de interés ajenos a la lucha feminista, los gobiernos encabezados por Morena cometieron el error simbólico de extender una valla en Palacio Nacional. Si bien el diagnóstico era correcto –prever actos de violencia gratuita ajenos a la movilización–, el desempeño de la acción fue simbólicamente inadecuado y podía haberse hecho otra cosa, como limitar las vallas a las puertas del Palacio.  

Sin embargo, las acciones que se tomaron a cabo a partir de lo observado el lunes pasado, permiten decir que la estrategia oficial para mediar entre el derecho a la protesta y la obligación gubernamental de brindar seguridad incluso a quienes –por interés y no por convicción– podrían ponerla en riesgo, consistió en contener y no en reprimir. La policía, conformada por mujeres agentes, se limitó a extender escudos y a frenar hechos que podían derivar en riesgos, como extinguir el fuego y trocar armas y tubos por el derecho a seguir avanzando en la marcha a quienes los detentaban. 

Se presenciaron, sin duda, diversos abusos policiales individuales, donde se destaca la agresión intolerable de dos mujeres periodistas en el metro de la Ciudad de México. Ante ello, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destituyó al jefe de la Policía Bancaria Industrial, Arturo Blanco, para esas inadmisibles faltas. La estrategia era contener, no reprimir ni amedrentar. Los policías que no respetaron ese protocolo dieron pábulo a una correcta sanción a su jefe. 

En un panorama donde no hace mucho un gobernador como Peña Nieto, instado por un gorila como el policía Wilfrido Robledo, ordenó deliberadamente violentar mujeres en Atenco en mayo de 2006 para reprimir una protesta legítima, y el entonces candidato presidencial Felipe Calderón aplaudió la canallada y gritó que “él en Atenco habría hecho lo mismo” que Peña y Diego Fernández de Cevallos aplaudió al gobernador mexiquense por “restaurar el orden”… ¿Se vale pensar que el actual grupo gobernante en el país y en la Ciudad de México son “igual de represores” que sus antecesores? 

Hay razones sobradas para exigirle al Presidente una sensibilidad más concreta en el tema de la equidad de género. Las hay también para poner de relieve que el cambio en ese sentido no se limita a reorientar recursos económicos contra la desigualdad, sino también alentar un cambio cultural de fondo que combata las naturalizadas desigualdades promovidas por el sexismo. Eso sin duda es una agenda pendiente en el ideario del Presidente de la república, aunque no necesariamente ni de su gabinete ni del sector más progresista de su partido, incluso si poco han hecho para que eso se canalice en políticas concretas que resarzan la situación. Esa exigencia es legítima y urgente. 

Sin embargo, simplifica que esas taras son equivalentes a las deliberadas represiones misóginas del pasado es una equivocación. Tildar de “represión” lo ocurrido el lunes pasado o asumir que el actual gobierno es “igual” a anteriores no solamente es exagerar o mentir. Es también incurrir en una invisibilización contraria a la ética. 

Asumir que lo vivido hace unos días es “represión”, al igual que los ideólogos de la transición acusan que es “censura” cualquier dicho presidencial, no sólo resta seriedad a la discusión, sino que también es una grave afrenta contra las víctimas del pasado que, efectivamente, sí padecieron represión (asesinato, detención ilegal o tortura) por protestar y sí fueron censurados por ejercer su libertad de expresión.  

Desde las derechas y la oposición se puede entender la banalización de esos conceptos porque su fin no es otro que sacar réditos políticos de esa falta de honestidad. Su intención es del todo instrumental. No obstante, de sectores con honestidad intelectual que buscan comprender y criticar al gobierno actual en pos de valores solidarios, poco se abona si se contribuye en esa banalización y se obvian esos matices y diferencias, que son clave. 

La banalización es, al final de cuentas, un intento de sentir que el presente que vivimos es único y las incomodidades públicas que percibimos también lo son. Y eso no sólo demerita la memoria histórica, sino también desestima a quienes, un poco antes que nosotros, también tuvieron el valor de exigirle al poder y hacerle frente… con muchos más riesgos que los que se desprenden desde el gobierno actual.  

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