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miércoles, 17 marzo, 2021
Ya salió el peine
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Ya salió el peine

Hace unas semanas, como Diputado Federal voté a favor de una reforma legal de suma importancia y en apego a nuestra Constitución, para revertir las terribles secuelas que el neoliberalismo le heredó a México: modificamos la Ley de la Industria Eléctrica para devolverle al Pueblo lo que le fue robado.

Lo hice consciente de que la política energética llevada a cabo por el viejo régimen ‒a través de la reforma energética del 2013‒ anteponía los privilegios de pocas empresas particulares extranjeras en perjuicio de la CFE, a pesar de estar obligada a prestar el servicio público de energía para todo el país. 

¿Qué empresa podría soportar esta carga y con estas condiciones? La respuesta es: ninguna. Como consecuencia ‒en el corto o mediano plazo‒ la CFE tendría que ser liquidada o el precio de la energía incrementar, a costa de los que menos tienen. 

Por ello, al votar a favor me seguía pareciendo sorprendente cómo los legisladores de entonces pudieron venderse al mejor postor, tal y como ‒según Emilio Lozoya‒ lo hicieron los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya, entre otros, durante el caso Odebrecht.

Esos legisladores habrían literalmente vendido su voto. Por lo que una práctica más del pasado corrupto que queremos desterrar al votar en libertad, estaba siendo corregida. 

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que ‒tal vez‒ el país se encontrara con otra oscura herencia: la impartición de justicia según convenga. A las pocas horas de haberse publicado el decreto que los legisladores aprobamos, el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió la reforma bajo el argumento de “no afectar la competencia” en el libre mercado, al aceptar la demanda de amparo interpuesta por dos empresas privadas con efectos generales para todo el sector eléctrico. Todo esto en un tiempo récord y esperando dejar sin efectos la reforma por un plazo indefinido, presumiendo los mismos intereses que hubo al ser sobornados los legisladores panistas. 

Sin duda, en México el derecho de amparo es una conquista social única en el mundo. Pero no deja de ser extraordinaria la coincidencia que, en este caso, sea un juez cuya trayectoria guarda nexos con Enrique Peña Nieto y el abogado Juan Collado Mocelo, al determinar cerrar su información bancaria justo cuando se le investigaba por delitos fiscales, el que quiera ahora ejercer de manera pronta y expedita ‒como nunca‒ la impartición de justicia.

Sería inadmisible que tengan que pasar años en dictarse los fallos finales de esos juicios de amparo mientras la CFE pierde su competitividad en bandeja de plata en favor de los privados. 

Es conveniente recordar que ya existen antecedentes de cómo la Suprema Corte ha revertido diversas decisiones del juez Gómez Fierro. Por esto, le hago un llamado al máximo Tribunal para que garantice que la justicia deje de ser pronta y lenta al mismo tiempo, según convenga.

Así como el juez suspendió de inmediato e indefinidamente nuestra reforma, me sumo a la exigencia de revisar de manera pronta su actuar y decisión, toda vez que la reforma cumple con la constitucionalidad debida, además de existir elementos que supone una distorsión al criterio judicial. 

Ya salió el peine; que la Suprema Corte no lo use.
 

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