Con el objetivo de disuadir y sancionar conductas que pongan en riesgo la operación del Metro, así como la integridad de los habitantes y transeúntes de la Ciudad de México, legisladores de Morena en el Congreso capitalino presentaron una iniciativa de reforma para incrementar las sanciones penales por actos que atenten contra las vías de comunicación y medios de transporte, al ser cometidos por servidores públicos, así como por las muertes o lesiones que ocasionen.

La propuesta de la coordinadora del grupo parlamentario morenista, Martha Ávila Ventura, contempla que la sanción prevista en el artículo 331 del Código Penal por dichas conductas y que van de uno a cuatro años de prisión, se incremente a una mínima de tres y una máxima de siete en los casos en que el “delito se cometa dolosamente por una persona servidora pública que se encuentre a cargo de la vigilancia y o relacionada con la prestación del servicio de transporte público, las vías de transmisión de energía o cualquier elemento que forme parte de la prestación del servicio.

En caso en que el ilícito ocasione la muerte o daños físicos a terceros, el proyecto prevé tipificar el hecho como homicidio y lesiones calificadas, equiparadas a las que son ocasionadas por medios identificados como actos de sabotajes o atentados.

Al exponer en tribuna la iniciativa, Ávila Ventura señaló que aun cuando se hace un gran esfuerzo para mantener el orden y funcionalidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, “se han detectado incidentes atípicos e intencionales que provocan fallas y desperfectos en este medio de transporte”, que van desde el mal uso de las instalaciones, arrojar intencionalmente objetos a las vías por las que circulan los trenes y el robo de cableado.

“(El Metro) configura las arterias de la ciudad y realizar atentados en su contra es de suma gravedad porque no sólo se obstaculiza su buen funcionamiento, sino que se genera pánico social, caos y se apuesta por desestabilizar a la sociedad entera. Como representantes populares, no lo debemos permitir”, aseveró.

Por su parte, el diputado Nazario Norberto, propuso agregar a los delitos de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte la conducta de alterar, interrumpir, obstaculizar, dificultar o destruir dolosamente el equipamiento urbano del transporte público colectivo y se aumente en un tercio la sanción cuando cualquiera de dichas conductas sea cometida por algún servidor público.

Asimismo, planteó incorporar en la Ley de Cultura Cívica las infracciones contra el entorno urbano: “Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido del equipamiento urbano o unidades del transporte público colectivo”, con una sanción de 20 y hasta 36 horas inconmutables de trabajo en favor de la comunidad.